Carballeda y Álvarez hicieron estas apreciaciones durante el diálogo ‘Los derechos de las personas con discapacidad. El derecho a un trabajo digno’, organizado por Servimedia, donde el presidente del Grupo Social ONCE destacó que el sector social de la discapacidad lleva “muchos años luchando por esto”.

En concreto, la reforma constitucional tiene por objeto cambiar el artículo 49 para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y eliminar el término ‘disminuidos’ con el que el texto constitucional hace alusión a las personas con discapacidad. De esta forma, se introduciría ‘personas con discapacidad’, como recoge la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

“No nos da de comer este asunto. Otros sí. Pero es una cuestión de dignidad”, subrayó Carballeda, quien lamentó que la redacción actual de ese artículo “duele”. Además, señaló que hace pocos días se reunieron representantes del sector de la discapacidad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, con el fin de tratar esta cuestión.

“Hablamos ya de solucionarlo y de pedirle al resto de grupos parlamentarios que se unan”, añadió Carballeda, quien expresó su deseo de que la reforma constitucional se apruebe de forma “unánime”.

También dijo que espera que los políticos “se sienten como sea y lo arreglen” y exigió que “no se utilice esto absolutamente para nada más porque no sería presentable”. Ni “se lo perdonaría jamás”.

“Confío en que en poquito tiempo seamos capaces, sean capaces en el mundo de la política, de arreglarlo. Y si no, es que son realmente incapaces. Yo espero que se empeñen en demostrar que sí son capaces de ponerse de acuerdo para algo que les han pedido, desde hace muchos años, las personas con discapacidad de este país”, resolvió Carballeda.

ESCÁNDALO Y VERGÜENZA

Más duro se mostró Pepe Álvarez con el retraso en la aprobación de la reforma del artículo 49, para quien esta demora es “un escándalo” y “una vergüenza”. “Es una cuestión que, efectivamente, no da de comer. No vamos a tener un empleo más”, declaró Álvarez, quien apuntó también que es un asunto de “dignidad” y denunció que el término ‘disminuidos” es propio de cuando “casi era una vergüenza tener una persona con discapacidad en casa”.

“Me parece que los grupos parlamentarios, el país, tienen que dar este paso adelante, que tiene mucho de simbólico; y todas las cuestiones simbólicas tienen un fondo transformador”, alegó Álvarez.

En este sentido, el secretario general de UGT dio un “tirón de orejas” a los diputados y a los partidos, a quienes dijo que “se les tendría que caer la cara de vergüenza”, ya que manifestó que algunos parlamentarios son nuevos de esta legislatura, pero esta cuestión “lleva más tiempo” pendiente. “No hay ninguna razón objetiva para que el Parlamento no haya tomado esa decisión solemnemente”, apostilló el líder sindical.