Lo hicieron durante un encuentro en la agencia de noticias Servimedia, donde ambos responsables del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dialogaron sobre el impacto del anteproyecto de ley dirigido a modificar estas normativas.

Entre otros puntos, la nueva ley contemplará el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a todas aquellas personas que tengan reconocida una situación de dependencia.

Por ello, Martín Blanco aseguró que esto permitirá “aligerar las listas de espera para la valoración de la discapacidad”, que, según el informe anual del Defensor del Pueblo, puede retrasarse hasta 4 años.

NUEVO BAREMO

Quiso enfatizar que este tema “es sistémico y se arrastra desde hace muchos años”, de modo que no todos los retrasos son achacables al nuevo baremo de valoración del grado de la discapacidad. De hecho, defendió el nuevo método y recordó que no “todo el mundo” estaba descontento con el anterior.

La nueva forma de valorar el grado de discapacidad ha supuesto “pasar de un modelo médico a otro social”, en el que además de las condiciones físicas “se tienen en cuenta circunstancias económicas y sociales”. También garantiza la autonomía de la persona, indicó, “como por ejemplo, que alguien con sordera pueda entrar con un intérprete”. Antes, “si el médico se oponía, no había manera”.

Martín Blanco recordó que el Ministerio ha puesto en marcha una auditoría para evaluar la aplicación de este nuevo baremo y “buscar las mejoras oportunas”, pero con los datos “sobre la mesa y no en caliente”.

Insistió en que se trata de un problema “crónico” y agradeció “el esfuerzo de algunas comunidades autónomas, como Andalucía, que han puesto en marcha planes de choque y contratación de más personal”, a fin de revertir esta situación.

AGILIDAD

A su juicio, la equiparación de las situaciones de dependencia con el 33% de discapacidad va a ayudar a agilizar el proceso, pero, además, supone “reconocer que todas aquellas personas que en algún momento de nuestras vidas podamos necesitar apoyo, es porque tenemos una discapacidad”.

María Teresa Sancho destacó que la reforma “contempla una agilización” de todos los procedimientos, algo que en su opinión resulta “especialmente urgente” en la valoración y revisión del grado de dependencia y en el diseño de los planes individualizados”.

“No podemos trabajar con estos plazos cuando estamos tratando con personas que pueden tener, de media, una esperanza de vida de dos años ", zanjó. Si no se agiliza la tramitación, “cuando se les reconozca el acceso a sus derechos, a lo mejor ya no están allí”, advirtió.

SIN INCOMPATIBILIDADES

Otro aspecto positivo de la ley, según Sancho, se refiere al fin de las incompatibilidades entre servicios. Aunque muchas comunidades ya la habían abolido, esta modificación introducida en 2012 seguía vigente en el marco estatal.

Gracias a la reforma, un usuario no tendrá que elegir entre acudir a un centro de día y, por ejemplo, beneficiarse de un sistema de teleasistencia. Además, prosiguió, la nueva norma concibe la asistencia personal como “servicio y no como prestación”.

A su juicio, eso facilitará que iniciativas cooperativistas y más entidades puedan ofrecer y gestionar estos apoyos, que hasta ahora, dependen fundamentalmente de las Oficinas de Vida Independiente.

VIVIENDA

Martín Blanco puso en valor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que el anteproyecto también contempla, de cara a que “las comunidades de propietarios no puedan negarse a asumir las derramas” necesarias para ejecutar obras de accesibilidad.

“Unas 100.000 personas, fundamentalmente mayores, viven actualmente encerradas en sus pisos" porque sus edificios no son accesibles. Esto dificulta su derecho a la participación social, prosiguió, y por eso, “vimos necesario actuar en este campo”.

Si el nuevo artículo 49 de la Constitución, que esta reforma busca “aterrizar y positivizar”, se basa en los principios de “autonomía personal, accesibilidad universal e inclusión”, “teníamos que actuar sobre un bien básico como es la vivienda”, defendió.

Para ello, la futura ley obligará a que todas las administraciones públicas con competencias en vivienda “consideren la accesibilidad prioritaria en sus políticas” y, por tanto, destinen financiación para sufragar estas obras. Además, establece que las comunidades de vecinos deberán solicitar todas las subvenciones existentes en esta materia.

Finalmente, Martín Blanco destacó que, gracias a esta reforma, “reírse y someter a mofa pública” a personas con discapacidad por dicha condición será considerado como “infracción muy grave” dentro del texto refundido de la Ley General. Podrá multarse con “hasta un millón de euros" para que ayuntamientos como el de Teruel, que en julio de 2024 permitió un show cómico con personas con enanismo, "se lo piensen dos veces antes de aplaudir este tipo de espectáculos medievales”.