A través de un comunicado, la Policía informó de que los falsos documentos se distribuían por todas las provincias españolas a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Estos carnés permitían a sus poseedores a conducir todo tipo de vehículos, tanto de mercancías como de personas, y con ellos podían obtener de forma fraudulenta la tarjeta digital de tacógrafo necesaria para trabajar en el sector de transportes por carretera.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo, al detectarse la posible existencia de una organización dedicada a esta actividad delictiva.

COLABORACIÓN DE FOMENTO

Los agentes solicitaron al Ministerio de Fomento un listado de peticiones de los citados tacógrafos digitales para analizar cuáles podrían haber sido requeridos utilizando documentos falsificados.

A partir de entonces las distintas brigadas provinciales de la Policía fueron localizando y deteniendo a las personas involucradas en estas falsificaciones en distintas provincias, todos ellos ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad brasileña, acusados de falsificación de documentos e infracción a la Ley de Extranjería.

A lo largo de esta investigación, se han producido ya 11 detenciones en Madrid y otras siete en Murcia, a las que hay que unir las realizadas en esta última fase.

Las gestiones efectuadas en Barcelona, con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, han permitido identificar y detener a otros once miembros de esta organización en Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Corbera, Sant Adriá de Besós y Barcelona capital. A todos ellos se les imputan delitos de falsificación de documentos, usurpación del estado civil e infracción a la Ley de Extranjería.

SECTOR DEL TRANSPORTE

Las tarjetas digitales de tacógrafo son necesarias para la conducción de vehículos dedicados al transporte por carretera y su finalidad es indicar, registrar y almacenar, de forma automática, los datos relativos a la velocidad de dichos vehículos y los tiempos de trabajo de sus conductores.

Con estos falsos permisos de conducir y con los tacógrafos obtenidos ilícitamente accedían al sector del transporte para conducir ilegalmente camiones o autobuses para los que nos estaban habilitados. Los ciudadanos extranjeros pagaban en torno a 700 euros por los documentos falsos.