Del Cura coincide, junto con otros grupos como la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, la Coordinadora de Colectivos Lucha Autónoma, el Movimiento Okupa, la Asociación Libre de Abogados, la Asociación La Guinda (de padres de afectados por el desalojo de la Guindalera) y la Asociación rítica del Derecho, en que es una "farsa" y "la antesala del fascismo" la criminalización que los responsables gubernamentales y municipales del PP en Madrid están haciendo del movimiento "okupa".

Los portavoces de las citadas asociaciones señalaron en rueda de prensa que la estrategia de criminalización de todo el movimiento social por parte del PP "no es nueva" y precisaron que lo que intenta es que "la sociedad crea que no existen problemas vecinales, laborales o de falta de vivienda, sino de ordenpúblico".

Añadieron que el PP intenta que la sociedad "acepte su receta para acabar con cualquier problema social: palizas y cárcel". "Los métodos empleados por Alvarez del Manzano y Nuñez Morgades para resolver problemas sociales se parecen cada año a los métodos de dictaduras como la franquista o la chilena y vuelven a recordarnos la escalofriante frase: 'La calle es mía'", subrayaron durante la conferencia de prensa.

Tanto los miembros del Movimiento Okupa como la Coordinadora de Colectivos deLucha Autónoma negaron tener ninguna vinculación con "Jarrai, el PCE (r)., los GRAPO, con cualquier partido político, tanto de Madrid, el Estado español o el mundo" y exigieron la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid y del jefe superior de Policía de la región.

Las asociaciones de abogados precisaron que la mayoría de los detenidos no estaban participando en la manifestación y que en el atestado policial no hay ningún indicio que constate que los detenidos fueran manifestantes.

AMEAZAS A TESTIGOS

Del Cura, que calificó de "despreciable y repugnante" la intoxicación que están haciendo las autoridades de este asunto "para meter miedo a la población y justificar su desproporcionada actuación", anunció que su organización presentará una querella por malos tratos, torturas y detenciones ilegales contra el delegado del Gobierno en Madrid y el jefe superior de Policía.

La querella estará apoyada por los testimonios de algunos propietarios de locales de la zona de Malasaña para lo que pedirán que se les aplique la Ley de Protección de Testigos.

El responsable de la Asociación contra la Tortura relató que muchos de los testigos están "aterrorizados" y afirmó que "algunos han recibido amenazas para que no declaren, supuestamente de agentes de policía".

Además, Del Cura explicó que las imputaciones que se han hecho a los detenidos durante la manifestación están en relación directa con las lesiones y torturas a las que han sido sometidos, con el fin de justificar los malos trtos policiales.

TURQUIA

Los datos que maneja la Asociación contra la Tortura indican que en los dos últimos años han aumentado de forma espectacular las violaciones de los derechos humanos en España. Los representantes de esta organización citaron un informe del Tribunal de Estrasburgo que equipara a Turquía con España respecto a este tipo de comportamientos.

En España, durante 1997, se registraron más de 300 casos de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contrastaos con partes médicos y sobre los que se abrieron procedimientos judiciales.

Del Cura explicó que tras la presentación de la querella su organización enviará un informesobre los sucesos de Malasaña a todos los grupos del arco parlamentario, así como a todas las asociaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. Además, no descartó llegar con este asunto hasta el Tribunal de Estrasburgo.