Los objetivos principales del Gobierno son la creación de empleo en instituciones penitenciarias, los centros de la tercera edad del Inserso y la enseñanza, así como la conversión de trabajadores eventuales e interinos en fijos, de lo que saldrá beneficiado sobre todo el personal de Correos y del Ministeio de Educación.

En todo caso, la oferta tiene un carácter tan restrictivo que supondrá una reducción neta de efectivos de entre 5.000 y 10.000 personas, ya que los empleos de la oferta son menos que las bajas y jubilaciones que se producirán.

Por capítulos, destaca la oferta para educación, con 1.418 plazas para profesores de enseñanza media y 1.588 para maestros, si bien en un 80 por cien de los casos no se trata de nuevos empleos, sino de consolidación como fijos de personal que ahora es interno.

Para el Inserso, habrá 594 plazas, con el objetivo de cubrir principalmente las necesidades de personal de las nuevas residencias de la tercera edad. En instituciones penitenciarias, saldrán 704 plazas, también para cubrir los requerimientos de las nuevas prisiones que está abriendo el Estado.

En Correos, la oferta convierte en fijos a unos 1.600 empleados que actualmente desempeña el puesto como eventual, interino u otras formas de trabajo temporal.

Otra prioridad del Ejecutivo, ligadala necesidad de progresar en la lucha contra el fraude fiscal, es el personal de Hacienda, para lo cual saldrán 550 plazas para la Agencia Tributaria y otros organismos fiscales.

También habrá plazas, aunque en mucha menor medida, para economistas, técnicos comerciales, ingenieros (para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La Oferta de Empleo Público (OEP) de 1994 tiene un carácter todavía más restrictivo que la del año 93 y supondr el segundo ejercicio consecutivo con una reducción de personal en el conjunto de la Administración del Estado.

La ronda de consultas con los sindicatos se ultimará en los próximos días, pero fuentes de toda solvencia consultadas por Servimedia indicaron que los cambios no pasarán de doscientas o trescientas plazas.

Los sindicatos de funcionarios quieren también que la Administración les informe de las reestructuraciones que tiene proyecto, y acusan al Ejecutivo de está actuando de manera "ocultita".