Así lo defendió en un comunicado en el que también reclamó al Gobierno medidas “urgentes y más ambiciosas” en este ámbito, convencida de que la “herramienta ideal” para “combatir” los “elevados precios” de la vivienda es el “impulso” de un parque de vivienda pública en régimen de alquiler, junto con la generación de un “contexto de seguridad jurídica que impulse la oferta por parte de los pequeños propietarios”.

En este punto, celebró el anuncio realizado este fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social, si bien juzgó que la medida “llega tarde” y el número es “del todo insuficiente”, dado que, recordó, el parque público de vivienda social en alquiler “asciende” a unos 290.000 inmuebles, según datos del Boletín Especial de Vivienda Social publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019.

“Una cifra que apenas ha crecido desde entonces”, espetó, para señalar que, aunque “pueden parecer muchas viviendas", la cifra "apenas supone una cobertura al 1,6% de los hogares españoles”, y se encuentra “muy lejos” de la media europea, que alcanza el 9,3%.

A este respecto, reiteró que, a su juicio, las administraciones deberían “multiplicar por cinco” el parque de viviendas públicas en alquiler, bien “promoviendo” su construcción mediante la concesión de suelo público, bien adquiriendo viviendas libres y desocupadas para este fin.

“Otra opción, al menos temporal, sería la concesión de ayudas directas al alquiler para quien más lo necesite. Porque lo ideal es contar con un parque público de viviendas que permanezca como un recurso con el paso de los años”, sentenció.

LIMITACIÓN DEL PRECIO DE ALQUILER

Por lo que se refiere a la limitación del precio de alquiler que propone el Gobierno, aunque, a su entender, “es cierto que podría servir para estabilizar los precios a corto plazo”, también puntualizó que “obliga” a los propietarios de viviendas en alquiler a “asumir la mayor parte del coste de la falta de acceso a una vivienda asequible", cuando "muchos de ellos dependen en gran parte de este ingreso para su economía familiar”.

Además, a medio plazo pueden “generar efectos contrarios”, puesto que, según su criterio, la “falta” de seguridad jurídica “provocará” que la oferta “siga siendo reducida” y los precios “no lleguen a un punto de equilibrio”. “Se puede volver a una cronificación de la escasez de alquiler, como ha sucedido en décadas pasadas”, apostilló.

Por todo ello, solicitó un debate “amplio y abierto” sobre la Ley de Vivienda que “incluya” a las organizaciones sociales, de consumidores y de propietarios.