Electricidad

OCU pide al Gobierno que garantice el bono social para consumidores vulnerables y Facua exige que lo sufraguen las eléctricas

- Tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que declara nula la forma de financiarlo

MADRID
SERVIMEDIA

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió este jueves al Gobierno que garantice el bono social para los consumidores vulnerables aunque tenga que modificar su mecanismo de financiación, y Facua exigió que ésta sea aportada por el propio sector eléctrico.

Así lo manifestaron ambas organizaciones tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que este martes declaró nula la forma de financiar el bono social, un descuento destinado a personas con dificultades para pagar la factura de la luz, según recordó OCU en un comunicado.

La organización exigió que dicho pronunciamiento no afecte a la aplicación del descuento por el bono social en la factura de los consumidores más vulnerables, a pesar de haber declarado inaplicable su mecanismo de financiación, dado que, aunque tenga “aspectos mejorables”, lo considera la “mejor alternativa para aquellos que cumplan sus requisitos”.

OCU subrayó que el sistema de financiación que ahora se anula estaba regulado por el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, que imponía su coste a las compañías comercializadoras repartiéndolo proporcionalmente en función de su número de clientes, si bien otras empresas que participan en el sistema eléctrico, ya sea en la generación o distribución, quedaban “excluidas” de esta obligación.

En este sentido, recordó que la sentencia se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que las obligaciones de servicio público, como es el bono social, deben imponerse con carácter general “a las empresas eléctricas” y no a algunas empresas concretas, y defendió que el sistema de designación de las empresas encargadas de obligaciones de servicio público “no puede excluir a ninguna de las empresas que operan en el sector eléctrico”.

La asociación hizo hincapié en que, según el TJUE, si un Estado miembro opta por imponer la obligación de financiación solo a algunas empresas del sector, corresponde al órgano jurisdiccional comprobar “si la diferenciación efectuada entre las empresas que deben soportar el peso de dicha carga y las que están exentas de ella está justificada de manera objetiva”.

La organización añadió que el Tribunal Supremo resuelve así que el sistema de financiación diseñado es “contrario” al artículo 3. 2 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.

Y ello, por carecer de una “justificación objetiva” y “ser discriminatorio para las empresas que asumen el coste, a las cuales se les reintegrarán los costes abonados en aplicación del sistema anulado”, agregó OCU, al tiempo que advirtió de que son “varias” las comercializadoras de electricidad que, durante la vigencia de este modelo de bono social, han estado cobrando una cuota mensual por este concepto y que, por tanto, “deben proceder a su devolución si se confirma que el Estado les devuelve a ellas esos importes”.

Tras puntualizar que, con este pronunciamiento, ya son tres en los que el Tribunal Supremo considera que el mecanismo de financiación establecido por la legislación española es “contrario” al derecho de la Unión Europea, la asociación volvió a pedir al Ejecutivo central que esta decisión “no afecte” a la continuidad de la aplicación del bono.

FACUA

En la misma línea, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, explicó que la decisión del Supremo “obliga” al Gobierno a “redefinir” la financiación del bono social y criticó que las eléctricas “presionan para que salga de los Presupuestos Generales del Estado, con lo que lo pagaríamos los usuarios”. “Pero es el conjunto del sector el que debe sufragarlo como obligación de servicio público”, sentenció, para reiterar que deben ser “todas las empresas del sector eléctrico, tanto las comercializadoras, como las de generación, transporte y distribución, las que financien el bono social”.

Junto a ello, aseguró que deberían financiarlo “en unas cantidades muy superiores a las que venimos viendo en estos años”. “Tienen que ser muchos más consumidores los que sean merecedores de esos descuentos por su situación de vulnerabilidad económica”, apostilló, convencido de la necesidad de “potenciar” su contratación y de “aumentar” el nivel de ingresos que debe tener un consumidor para ser “merecedor” del descuento.

(SERVIMEDIA)
03 Feb 2022
MJR/clc