La OCU considera que la decisión del Gobierno de aplicar una nueva tarifa del IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1992 conculca el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Este principio, según una sentencia del Tribunal Constitucional citada por la OCU, protege "la confiaza de los ciudadanos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles".

A juicio de esta asociación de consumidores, la razón esgrimida por el Gobierno como justificación de la medida (la reducción del déficit público) "no es suficiente para sostener la retroactividad de la norma", porque exístian fórmulas alternativas para lograr el mismo fin.

Para la OCU, la elevación del IRPF también conculca el principio de igualda porque quienes trabajen sólo los últimos cuatro meses del año saldrán beneficiados fiscalmente en relación a los que lo hayan hecho en los primeros.

"Si una persona trabaja cuatro meses (de enero a abril de 1992) y cobra cinco millones de pesetas, liquidará una cuota íntegra de 1.240.800 pesetas, pero si ha trabajado de setiembre a diciembre del mismo año, la cuota será de 1.295.150 pesetas", señala la OCU.