Así lo reclamó en un comunicado emitido tras la publicación, por parte de este organismo supervisor, de un informe sobre la evaluación del servicio de atención al cliente prestado por las principales empresas comercializadoras de electricidad y gas durante el 2022.

En él, según recordó la organización de consumidores, el supervisor llega a la conclusión de que, en los servicios telefónicos hay “falta de transparencia” durante los procesos de contratación y, en el caso de Internet, existen “dificultades” para contratar íntegramente las tarifas del mercado regulado y consultar los datos básicos del contrato en las áreas web privadas.

En este contexto, la OCU lamentó que, tras este exhaustivo análisis, la CNMC se “limite” a comunicar a las empresas analizadas las “deficiencias detectadas”, a efectuarles una serie de “recomendaciones” para “mitigar” dichas deficiencias y a “anunciar que comprobará si han implementado las correspondientes medidas correctoras”.

En su opinión, las “irregularidades” detectadas como la falta de canal telefónico o tiempos “excesivos” de espera telefónica en las solicitudes de desistimiento y de reclamación son "de entidad suficiente" para "propiciar" la apertura de un expediente sancionador que "finalice con la imposición de la correspondiente multa”.

Por último, subrayó que la investigación de la CNMC “no aborda uno de los problemas más importantes que afecta a este sector”, como es la contratación del servicio no iniciada por voluntad del cliente, sino a partir de llamadas comerciales iniciadas por las compañías o plataformas a su servicio.

“Son habituales los engaños, como el timo de la doble llamada, para conseguir contrataciones”, abundó la asociación de consumidores, al tiempo que exigió que el informe de la CNMC “no se quede en una recomendación”.