Así lo reclamó en un comunicado emitido coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y en el que recordó que, según un estudio realizado en colaboración con el Ministerio de Consumo, cerca de 1.400.000 personas se encuentran en “grave riesgo de exclusión financiera” en España por la ausencia de oficinas bancarias, la falta de capacidades digitales para poder operar en cajeros o por Internet.

Los resultados del estudio, que recoge la experiencia de 2.007 vecinos de municipios de menos de 5.000 habitantes, revelan que el 20% de estas localidades carece de oficina bancaria, lo que obliga a sus residentes a recorrer una media de 11 kilómetros hasta la oficina más cercana.

A su juicio, la progresiva digitalización de los servicios bancarios tampoco facilita el acceso de los usuarios, “más bien todo lo contrario”, y, en la “mayor parte” de los casos, esta falta de uso se debe a la falta de conocimientos digitales o al “miedo a un posible fraude”.

Por todo ello, OCU exigió al Ministerio de Economía, al Banco de España, a la Asociación Española de Banca y a la Federación Española de Municipios y Provincias, la puesta en marcha de medidas para garantizar el acceso a los servicios bancarios, convencida de la necesidad de mantener una infraestructura física que incluya servicios bancarios “esenciales”, como el acceso al efectivo.

TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS

En paralelo, urgió al desarrollo de tecnologías “inclusivas” que permitan realizar operaciones en cajeros automáticos de manera “similar” a la de oficinas y a mejorar la protección y seguridad de los mayores. “A la falta de seguridad y de habilidades digitales, el miedo al fraude o a cometer errores se suma la dependencia de terceros para realizar operaciones bancarias”, señaló, en relación a este colectivo, al tiempo que advirtió de que el “abuso financiero” es la “segunda causa de abuso en mayores".

Por esta razón, llamó a desarrollar una normativa para “protegerles” y facilitar dependencias públicas, equipos informáticos y “entornos seguros” para que puedan realizar operaciones bancarias.

Finalmente, abogó por impulsar programas de alfabetización digital y financiera para proporcionar a las personas mayores conocimientos prácticos sobre habilidades digitales y financieras básicas que les permitan “manejar sus finanzas evitando la exclusión o la dependencia de terceros”.