Así valoró la OCU la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Según explicó esta organización de consumidores, la creación de esta figura, que va a resolver las reclamaciones de los consumidores en esta materia, debía haberse llevado a cabo “como muy tarde” en agosto de 2018, según la normativa europea.

A falta de “conocer el contenido del texto”, la OCU considera “muy positivo” que finalmente se establezca que las resoluciones del nuevo organismo sean vinculantes, una petición que esta organización ha trasladado a diferentes gobiernos desde el inicio de la crisis financiera. “De esta manera, el consumidor evitaría tener que acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos en los casos en los que, a pesar de que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España dé la razón al consumidor, la entidad no acate dicha resolución”, añadió la OCU.

Esta entidad también celebra el establecimiento de una tasa de 250 euros a las entidades por cada reclamación admitida, lo que incentivará, en su opinión, la resolución de las reclamaciones por parte de los servicios de atención al cliente conforme a los criterios de la nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero.

Asimismo, valoró la inclusión entre las competencias del nuevo organismo de la resolución de reclamaciones por “la abusividad de cláusulas declaradas como tales por los tribunales de justicia, que anteriormente quedaba fuera de las competencias de los organismos correspondientes y que en su momento hubiera evitado el monumental atasco que sufren los juzgados con cientos de miles de resoluciones que pierden los bancos en más del 95% de los casos y que sufren los ciudadanos”.

No obstante, la OCU cree que el ámbito de actuación debería ampliarse a servicios financieros prestados por entidades no supervisadas, como pueden ser los microcréditos ofrecidos por entidades no financieras que desarrollan su actividad a través de internet, y que, en la actualidad, está generando “numerosos problemas para los consumidores por la aplicación de intereses desproporcionados y que muchos tribunales están considerando usurarios y, por tanto, abusivos”.

Por ello, la OCU avisó de que se va a dirigir en la fase de consulta pública y tramitación parlamentaria para introducir mejoras en una ley que considera fundamental para mejorar la protección de los consumidores.

Por último, la OCU incidió en que este órgano pueda dar respuesta rápida a las “muchas quejas y reclamaciones que los consumidores plantean al sector de la banca”, un sector que es uno de los “más reclamados en los últimos años”.