Según Cáritas, las autoridades marroquíes no han permitido la instalación de tiendas de campaña para proteger a las ochenta personas de los rayos solares. La propia asociación se ecarga de suministrarles comida y ropas así como útiles para que escriban cartas a sus familiares.

La situación dio comienzo el domingo 12 de julio, cuando miembros de las fuerzas de seguridad españolas decidieron desalojar de las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Melilla a un grupo de 200 inmigrantes centroafricanos que allí pernoctaban, como protesta por el silencio mantenido por las autoridades ante su petición de asilo político.

Posteriormente se les dividió en tres grupos: 30 fueon retenidos en la comisaría de policía; 80 que disponían de documento de residencia provisional, fueron devueltos a un antiguo hospital de la Cruz Roja, y otro grupo de 80 fueron trasladados a los pasos fronterizos de Beni Enzar y Far-hana, sin recibir ninguna explicación.

Según Cáritas "la pretensión española de expulsarles no tiene efecto ya que las autoridades fronterizas marroquíes se niegan a aceptar la entrada de los inmigrantes en su país"