Según afirma en un comunicado, en noviembre de 2004, el barco "Galaecia", de la empresa Vidal Armadores, S.A., llevó a cabo una operación de transbordo ilegal de bacalao polar al buque pirata "Hammer", propiedad del mismo armador, Antonio Vidal, en aguas del Océano Índico, frente a Sudáfrica.

Según la normativa internacional, un buque que transborda a otro que se encuentra en las listas de los considerados "piratas" (técnicamente denominados "dedicados a la pesca ilegal, incontrolada y no regulada", IUU por sus siglas en inglés), adquiere inmediatamente la misma calificación.

Para Oceana, la situación adquiere mayor gravedad si se considera que el "Galaecia" se encontraba llevando a cabo una campaña de pesca experimental subvencionada con 1.310.000 euros por la Secretaría General de Pesca Marítima, y que llevaba un observador del Instituto Español de Oceanografía a bordo.

Este investigador, según asegura Oceana, dio cuenta de la actividad prohibida llevada a cabo por el "Galaecia" a sus superiores, quienes lo pusieron en conocimiento de la Secretaría General de Pesca Marítima, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este organismo, sin embargo, archivó la denuncia sin sancionar al armador ni hacer público el incidente.

Varios países, entre ellos Nueva Zelanda, Australia y Francia, han solicitado en la última reunión de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártica (CCAMLR), celebrada hace unos días en Hobart, que se retire la licencia de pesca al buque "Galaecia", sin que las autoridades españolas hayan dado pasos en este sentido.

Según Xavier Pastor, director de Oceana en Europa, "no deja de resultar una ironía que las autoridades españolas reclamen la liberación de buques españoles arrestados por pesca ilegal por otros países, argumentando que será el Gobierno de nuestro país el que les sancionará".

A su juicio, lo que ocurre en la práctica es que la actuación de la Secretaría General de Pesca Marítima garantiza la impunidad de los infractores, ocultando las informaciones que le son facilitadas sobre violaciones de la ley por parte de armadores españoles, a los que el Gobierno sigue subvencionando con decenas de millones de euros.