La Carta Europea es un tratado internacional del Consejo de Europa, ratificado por España y que entró en vigor en agosto de 2001. En 2002, España remitió al Comité de Expertos del Consejo de Europa un primer informe, explicando la realidad lingüística española en los territorios donde existe más de una lengua cooficial.

En 2006, deberá aportar un segundo informe, para que el Comité analice la evolución de esta situación, que en 2002 consideró que era "un modelo todavía basado en la supremacía del monolingüismo castellano", no en "un modelo plurilingüe".

Los representantes de los tres observatorios se han reunido con BNG, EA, ERC, Na Bai, PNV, PSC, CiU e IC-V. Asimismo, comparecieron hoy ante los medios de comunicación para exponer las que, a su juicio, son las principales vulneraciones de los compromisos adquiridos por el Estado español en esta Carta.

El portavoz del Observatorio de la lengua gallega, Carlos Callón, denunció que la legislación vigente sólo garantiza que un tercio de la enseñanza se realice en gallego. Asimismo, se refirió a la desprotección institucional de esta lengua, a pesar de su "vitalidad social".

Por su parte, el representante catalán, Josep Romeu, así como Santiago Castellá, decano de la Universidad Rovira i Virgili, que ha elaborado un estudio sobre la Carta Europea, señalaron que es en el ámbito del Poder Judicial donde menos se garantiza el acceso de los ciudadanos a la lengua catalana. Un argumento que compartieron los representantes de las otras dos lenguas, que apuntaron casos concretos en lo que los documentos, procedimientos y páginas web de la Administración de Justicia no se pueden encontrar más que en lengua castellana.

Por otro lado, el representante del Observatorio de la lengua vasca, Paul Bilbao, reclamó que haya un mayor número detrabajadores de la Administración General del Estado que estén obligados a tener conocimientos de euskera.

Además, los tres observatorios insistieron en la necesidad de proteger el uso de sus respectivas lenguas en todos los territorios en que se hablan. Así, Bilbao arremetió contra la "zonificación" de Navarra en tres regiones (vascófona, mixta y no vascófona), que permite que "en la zona con más vascohablamtes, el euskera no sea oficial". También Romeu denunció la desprotección que, en su opinión, hay en Baleares y en Valencia, donde "no se garantiza un nivel mínimo de cumplimiento de la Carta Europea". Por último, también Callón matizó que en territorios de otras comunidades autónomas donde se habla gallego, aunque no de modo oficial, como ocurre en ciertas zonas de Asturias, debería protegerse su conservación.