La Conferencia Episcopal hizo públio ayer un documento, titulado "Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España", en el que afirman; "los agentes del Derecho en el campo civil -jueces y abogados- han de evitar implicarse personalmente en lo que conlleve una cooperación con el divorcio, ya sea a través de la mediación familiar, ya sea siguiendo los procesos judiciales que conducen al mismo".

El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, dijo a Servimedia que "no se pueden confundir los términos", y que "si en España existe el ivorcio, aunque uno incluso pueda no estar de acuerdo o vaya contra su conciencia, tiene que aplicar las leyes que están dadas por el Parlamento".

Suárez sostuvo que la judicatura debe aplicar las normas legales que existen, y que con esto "acaba cualquier polémica". Añadió que "otra cosa será que a nivel personal, religioso, pero en otra esfera, cada uno haga aplicación de sus principios, siempre que no viole ninguna de las leyes aprobadas por el Parlamento español".

El representante de la APM hzo estas valoraciones en relación con lo dicho por los obispos españoles en un documento sobre la familia dado a conocer ayer, en el que se afirma que "los jueces y demás funcionarios judiciales han de procurar siempre la conciliación y pacificación matrimonial y familiar, ejerciendo, en su caso, la objeción de conciencia o la mera cooperación material con el mal".

Suárez añadió que la Iglesia católica "tiene su libertad de expresión y su opinión", pero otra cosa son las leyes, y aludió a que el propi Jesucristo realizó una afirmación "bastante aplicable al caso", y es "que había que dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios".