Esta nueva ley persigue, por un lado, renovar el sistema de servicios sociales de Castilla y León para que éstos se conviertan en auténticos derechos subjetivos. En segundo lugar, su intención es integrar en el citado sistema las prestaciones derivadas de la futura Ley Estatal de Atención a la Dependencia, evitando que se vuelvan menos eficaces para los ciudadanos.

En este sentido, según el Ejecutivo regional, la ley quiere lograr la implantación en la comunidad autónoma del "cuarto pilar del Estado del Bienestar", que son los servicios sociales y no sólo la atención a las personas en situación de dependencia, corrigiendo las insuficiencias y lagunas que, a su juicio, contiene el texto legal anunciado por el Gobierno socialista.

Una vez aprobada la nueva ley de Castilla y León, el Gobierno regional indica que los servicios sociales adquirirán la naturaleza y garantía de auténticos derechos subjetivos. Así, la cartera de servicios será de obligado cumplimiento para la Administración, y por tanto se configurará como un auténtico derecho de los ciudadanos.

El objetivo de la Junta es que se universalicenprogresivamente prestaciones como las técnicas (información, asesoramiento y apoyo a familias, con carácter gratuito), la atención temprana a menores o la teleasistencia pública a partir de la edad que se establezca.

Las corporaciones locales quedarán plenamente integradas en el sistema, para lo cual la Gerencia de Servicios Sociales ya ha alcanzado un preacuerdo, el pasado 6 de abril, con las 24 entidades competentes en servicios sociales.

Dicho preacuerdo garantizará que la atención a la dependencia quede integrada en el sistema de servicios sociales, configurándose un único sistema de responsabilidad pública. Además, habrá un único registro de usuarios y una imagen única del citado sistema.

Frente a la previsión estatal de que algunas prestaciones no se transformen en derechos hasta el año 2015, la Ley de Castilla y León adelantará dichos plazos de efectividad, al menos para las personas con menor nivel de renta.

La atención a las personas dependientes por parte del Sistema de Salud de Castilla y León quedará integrada y coordinada con los servicios sociales, otorgando el máximo rango legal a los cuidados médicos y de enfermería en el domicilio y de larga duración, la rehabilitación funcional, los programas de inmovilizados y terminales y de atención al cuidador familiar, la hospitalización a domicilio, el plan de atención sanitaria geriátrica, etc.

La nueva ley impulsará también el crecimiento del empleo en el sector, que beneficiará especialmente a las mujeres y llegará al mundo rural.