Domínguez, que declaró como imputada, señaló que los 30 millones de pesetas procedían del transporte de marisco a Francia y que el talón, que nunca llegó a hacerse efectivo, lo extendió José María Uribe, un constructor afincado en Brugos, según fuentes jurídicas.

Precisamente, Uribe declaró como testigo en el juicio contra Brecia y dijo que éste había intentado estafare esos 30 millones de pesetas en una operación de compraventa de dólares que no llegó a realizar.

Domínguez añadió además que no conoce a ninguno de los amigos de su novio y que supo que pertencía a los GAL cuando fue detenido por la policía. En este sentido, agregó que se sintió "engañada" por su compañero sentimental, según las mismas fuentes.

El juez Ismael Moreno citó como imputada a María Domínguez a petición del fiscal del caso, Javier Balaguer, que quiere aclarar si el pagaré de 30 millone de pesetas es un pago procedente de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Sin embargo, las acusaciones creen que los 30 millones podían ser un pago a Brecia para que no hiciera revelaciones sobre las actividades de los GAL.

En la sentencia contra Miguel Brecia, la Audiencia Nacional ordenó que se investigara, a instancias del Ministerio Público y de las acusaciones, si varios ex altos cargos de Interior y otras personas tenían responsabilidades en el atentado por el que fue condenad el "camionero de los GAL".

Brecia fue condenado a 68 años de cárcel por el asesinato de los ciudadanos franceses Cristophe Machicotte y Catherine Brion, ocurridos en la localidad gala de Bidarray, el 17 de febrero de 1986.