Así consta en su ‘Informe Anual 2021’ que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en el que explica que se han tramitado varias quejas sobre la demora en resolver el procedimiento previsto para el traslado de una persona dependiente entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla.

También ha sido objeto de investigación el retraso de las Administraciones Públicas en resolver los recursos administrativos, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y las revisiones de la capacidad económica de los beneficiarios de prestaciones o de la aportación de las personas usuarias a la financiación del servicio que reciben.

El Defensor del Pueblo hace una mención especial sobre los retrasos en dictar en dictar la resolución de la revisión de expedientes, por no cumplirse los requisitos exigidos para recibir o mantener la prestación, que da lugar al inicio de oficio de un procedimiento de reintegro de prestaciones por percepciones indebidas.

El mayor número de quejas relacionadas con el incumplimiento del plazo para resolver estos procedimientos administrativos “sigue afectando significativamente” a Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana, según el Defensor del Pueblo.

Por otro lado, el departamento que dirige Ángel Gabilondo ha continuado con la actuación de oficio sobre la Comunidad de Madrid en la que se está examinando “la falta de disponibilidad de recursos públicos y concertados para prestar los servicios reconocidos en el Programa Individual de Atención (PIA) y la insuficiente financiación del sistema”.

A principios de 2021 se le dirigió una ampliación de información que “no fue contestada a lo largo de ese año”, mientras que el Ayuntamiento de Madrid confirmó que la Comunidad “no había incrementado su aportación al convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones, sobre la gestión de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.

A su vez, el Defensor observa que en las listas de espera que publica la Comunidad de Madrid se han incluido las relativas a los centros de atención diurna y residencial para personas adultas con discapacidad en situación de dependencia, cuestión que había abordado esta institución.

Por otro lado, recomienda a la Comunidad que aplique el procedimiento de urgencia de valoración de la situación de dependencia y de aprobación del PIA a las personas que se encuentren incursas en el proceso de morir.

Por último, el Defensor ha finalizado, con diferencia de criterio, las actuaciones seguidas con Andalucía, Aragón, Canarias, Madrid y Región de Murcia sobre la fecha de efectos iniciales de las prestaciones económicas reconocidas.

Esta institución considera que “la previsión normativa autonómica sobre esta cuestión debe aplicarse solo cuando la Administración no se excede en el plazo que tiene para resolver las solicitudes”.