"Desde la Asociación de Fiscales nos llamó poderosamente la atención el hecho de que en una legislación como la nuestra, en la que la situación de prisión preventiva es una situación excepcional, de pronto, cuando faltan unos días para ser juzgado, un presunto narcotraficante sea puesto en libertad", indicó.

Por este motivo, Martín Caro indicó en RNE que "hay que examinar lo que ha habido detrás, es decir, si estamos ane una responsabilidad disciplinaria o ante una responsabilidad penal, que es bastante más seria".

"En un caso como éste intervienen muchas personas: los jueces, los funcionarios, el psiquiatra", continuó. "Atribuir responsabilidades sin examinar más a fondo creo que sería temerario, y partiendo de la presunción de inocencia de todo el mundo, que por supuesto también está atribuída a los jueces, se debe abrir una línea de investigación, pero aventurar cuál puede ser el resultado sería prematuro".

especto al hecho de que exista un informe psiquiátrico que advertía de que el presunto narcotraficante sufría trastornos de la personalidad, Martín Caro afirmó que esto no quiere decir que automáticamente se deba poner en libertad al preso, "ya que se le puede ingresar en un centro médico adecuado donde se le pueda dar un tratamiento conveniente".

Recordó que la legislación actual sobre la prisión provisional está en revisión y "no hace mucho tiempo se modificó para que hubiera, al menos, dos criterio coincidentes para que una persona ingrese en prisión: que una parte fiscal o acusadora lo pida y que el juez lo acuerde".

La Asociación de Fiscales considera prudente la decisión adoptada por el máximo órgano de gobierno de los jueces: "Creemos que es lo adecuado en esta situación; hay que examinar la posible existencia de responsabilidad penal y disciplinaria y tramitarla".