Cezón, López Ortega y Ollero declararán como imputados ante el magistrado encargado de investigar la causa abierta contra elos en el Tribunal Supremo los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

Sánchez Melgar ha citado como testigos, para el día 4 de febrero, a los secretarios judiciales de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional y del Juzgado de Instrucción de Valdemoro que estuvo de guardia los días 21 y 22 de diciembre, fechas en las que Carlos Ruiz de Santamaría fue puesto en libertad.

Un día después, comparecerán ante el magistrado Sánchez Melgar, también como testigos, el director del centro peitenciario de Valdemoro y Angel Hebrero Jiménez, médico psiquiatra de dicha cárcel.

El último de los testigos será José María Alvárez Leboreiro, médico forense de la Audiencia Nacional, quien comparecerá en el Tribunal Supremo el 6 de frebrero.

Todos ellos deberán declarar en relación a la querella que el Ministerio Fiscal presentó contra Ollero, López Ortega y Cezón por un delito de prevaricación presuntamente cometido al dejar en libertad, bajo fianza de cinco millones de pesetas, a uno de los arcos que iba a ser juzgado por la "Operación Temple", Carlos Ruiz de Santamaría, alias "el Negro", quien aprovechó su nueva situación para desaparecer.

SI A LA SUSPENSION

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha respondido a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que considera que debe suspenderse de manera cautelar a Cezón, López Ortega y Ollero, habida cuenta de la admisión a trámite de la querella presentada contra ellos.

En un escrito hecho público ho, la Fiscalía General del Estado argumenta que "la no suspensión de los magistrados querellados daría lugar a la sucesiva recusación", tal como prevé el artículo 54.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho artículo prevé como motivo de recusación contra un magistrado el "estar o haber sido denunciado o acusado como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autor de una falta".

El caso abierto contra los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacioal se está investigando por dos vías, la penal (en el Tribunal Supremo) y la disciplinaria (en el Consejo General del Poder Judicial).

La Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió el pasado 17 de enero abrir un expediente disciplinario a Cezón, López Ortega y Ollero por una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consistente en "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en elejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".

Deberá ser el instructor nombrado por la Comisión Disciplinaria, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, quien investigue los hechos que han dado lugar a la apertura del expediente disciplinario y proponga lo que considere oportuno.

Tras haber realizado las diligencias oportunas, Ignacio Sierra Gil podrá proponer al Pleno del CGPJ dos cosas: el archivo del expediente disciplinario abierto a Czón, Ollero y López Ortega, o la sanción que considere más oportuna.

Fuentes del CGPJ explicaron hoy que la vía penal no tiene por qué paralizar la disciplinaria, salvo que ambas investigaciones versen "exactamente" de los mismos hechos, que el proceso culminase con una sentencia condenatoria o que el propio juez instructor de la querella decrete como medida cautelar la suspensión de los tres jueces.

ABSTENCION

Por otra parte, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional decidió hoy por unanimiad aceptar la abstención en el juicio por el "caso Temple" de Cezón, López Ortega y Ollero, por considerarla "justificada".

En una resolución hecha pública a última hora de esta mañana, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acepta la renuncia "a fin de que no se vea menoscaba la necesaria apariencia de imparcialidad de los componentes del Tribunal" que debe hacerse cargo del juicio por la "Operación Temple".

Así, el tribunal encargado definitivamente del macrojuicio contra los 37 acusados or la introducción de más de 10 toneladas de cocaína en España en julio de 1999 será el compuesto por los magistrados Francisco Castro Meije, Angela Murillo Bordallo y José Ricardo de Prada Solaesa.

Según informaron hoy fuentes jurídicas, estos tres magistrados reanudarán en marzo las sesiones del juicio oral por la "Operación Temple".

Castro Meije, Murillo Bodallo y Prada Solaesa fueron nombrados sustitutos provisionales de Ollero, López Ortega y Cezón, a la espera de la decisión de la Sala de Gbierno de la Audiencia Nacional sobre la abstención de los componentes de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

Cezón, López Ortega y Ollero decidieron abstenerse del juicio por el "caso Temple" por falta de imparcialidad objetiva. El motivo fue la admisión a trámite de la la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra ellos por un presunto delito de prevaricación, cometido al poner en libertad bajo fianza al supuesto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría.

La puesta en lbertad de Carlos Ruiz de Santamaría, que se dio inmediatamente a la fuga, se produjo en contra de la opinión de la Fiscalía Antidroga, quien había solicitado para el supuesto narco un total de 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas.

Los magistrados basaron su decisión de excarcerlar a este procesado en el informe psiquiátrico, según el cual Ruiz de Santamaría corría el riesgo de suicidarse si continuaba en la prisión.