Según informó Mutua este miércoles, la cobertura se puede contratar con pólizas ya existentes o con nuevos contratos. Entre las coberturas de la garantía ‘antiocupación’ destaca el asesoramiento legal ilimitado.

También cubre los gastos de la defensa de los derechos del asegurado para recuperar la vivienda ocupada por vía amistosa o judicial. En caso de interponer una demanda, cubre los gastos notariales y judiciales, incluidos los honorarios del abogado y del procurador, así como el pago de las costas y gastos por la adopción de medidas cautelares, los gastos derivados de la ejecución judicial forzosa de la sentencia, entre otras coberturas, hasta un máximo de 10.000 euros.

Además, cubre el pago de un alojamiento alternativo, durante un máximo de seis meses y 800 euros de renta de alquiler, en el caso de que la ocupación se produzca en el hogar habitual familiar y si el asegurado tiene contratada la cobertura en los productos Global Plus o Global.

Asimismo, cubre al asegurado hasta 100 euros al mes durante seis meses, el pago de los suministros de agua, gas y electricidad, mientras la vivienda asegurada está ocupada de forma ilegal, tanto si es su vivienda habitual como si es su segunda residencia.