Los socialistas argumentan que la lentitud y, a veces, inoperancia con la que son tramitadas muchas de las denuncias por agresiones físicas y psíquicas, privan a las mujeres víctimas de la violencia del principio constitucional del derecho de igualdad entre hombres y mujeres y de l "tutela judicial efectiva".

A su juicio, la mayoría de los abusos que sufren las mujeres no se denuncian a la policía porque no existen unos instrumentos jurídicos, sociales y económicos adecuados que protejan a las víctimas, lo que hace que la violencia contra las mujeres siga siendo un "delito invisible".