Múgica hizo esta sugerencia al Ejecutivo tras abrir una investigación ante numerosas quejas y entrevistas con asociaciones de familiares de víctimas de accidentes de tráfico.

La Oficina del Defensor explicó hoy en una nota que la citada investigación tuvo por objeto conocer la respuesta jurídica a los accidentes de tráfico.

En este sentido, Múgica aclara que en "innumerables ocasiones las resoluciones judiciales generan indignación y sensación de desprotección por parte de víctimas y perjudicados, que consideran que en nuestra sociedad se tolera,comprende y perdona a los autores de esas imprudencias".

"Es necesario concienciar a la población ante un fenómeno que ya se empieza a definir como 'violencia vial', por lo que es necesario incrementar la protección del conjunto de los usuarios mediante la sanción de los grandes infractores, que pueden actualmente disfrutar de una sensación de impunidad al ser, en la práctica, excepcional que la causación de una o varias muertes, incluso en casos de conducción temeraria, comporte efectivo ingreso en prisión", afirma.

A su juicio, "la alta siniestralidad de nuestro país (los accidentes de circulación son la primera causa de muerte de la población de menos de 39 años) no se ajusta con la tipificación de la imprudencia grave de los comportamientos, sancionados como simple falta".

Asimismo, Múgica añade que "el tratamiento al delito de conducción bajo influencia de debidas alcohólicas tampoco es adecuado, con frecuencia, la pena prevista de privación de libertad es suspendida y la sanción se reduce a penas pecuniarias".

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha recomendado, además de endurecer las sanciones que contempla el Código Penal, que el Ministerio Fiscal intervenga de oficio contra los conductores con comportamientos ilícitos, haya denuncia o no del perjudicado, y que se imparta formación a los jueces que intervienen en esta clase de procedimientos.

Además, Múgica sugiere que se aproveche la reforma que ahora se solicita para introducir unas instrucciones o protocolos precisos para que todos los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, con competencia en esta materia, cuando elaboren los atestados, trabajen con unos criterios uniformes y homogéneos para todo el territorio nacional.

Finalmente, recomienda que una parte de las multas recaudadas por esta clase de infracciones penales se destine obligatoriamente a la atención de las víctimas y sus familiares, facilitándoles la asistencia médica y la ayuda económica que precisen como consecuencia de los accidentes de tráfico.