La Oficina del Defensor aclara en una nota que Múgica hace esta consideración "sin perjuicio de las modificaciones que aún pueda producirse en el curso de la tramitación parlamentaria del citado proyecto", y teniendo en cuenta los acuerdos adoptados en la ponencia del Congreso sobre esta cuestión.

Múgica destaca que, con la actual redacción del texto, "las quejas presentadas hasta el momento ante la Institución como consecuencia de la política de normalización lingüística mantenida por la Administración de la Generalitat no podrían formularse con una reforma como la que se pretende".

"De igual modo", añade, "sucedería con otras materias, por ejemplo, las referidas a: administración sanitaria, acción social, seguridad social, administración laboral, ordenación de la actividad económica, transportes, comunicaciones, medio ambiente o urbanismo y vivienda".

Tras destacar la "trascendencia del asunto", el Defensor espera y confía en que el texto definitivo tenga en cuenta los preceptos constitucionales, muy singularmente el contenido del artículo 54 de la Constitución Española de 1978, según el cual el Defensor del Pueblo de España puede supervisar la actividad de la Administración, sin limitaciones, para la defensa de los derechos comprendidos en su Título I.

En este mismo sentido, recuerda Múgica, se pronunció el propio Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, en el marco de su reciente dictamen sobre el proyecto de Estatuto.