En los pasillos del Senado, la ‘número dos’ del Ejecutivo y del PSOE remarcó que “a nuestros efectos”, por el ala socialista, no cambia nada en la interlocución con el socio del Ejecutivo y, por tanto, seguirán teniendo a Díaz como “interlocutora para los temas de Gobierno y los temas de Grupo Parlamentario”.

Montero comentó que la vicepresidenta comunicó ayer su decisión de abandonar los “cargos orgánicos” y “dejó claro que las relaciones con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario, que es con lo que en definitiva se relaciona la parte socialista del Gobierno, la iba a ser dirigiendo ella y coordinando ella”.

No obstante, la también ministra de Hacienda avanzó que los socialistas “evidentemente siempre hemos respetado la interlocución que las diferentes formaciones políticas ponen para dialogar con el Gobierno”, en el caso de que Sumar apueste por que haya otro interlocutor.

“Pero creo que cuando ella transmitió ayer esto es porque internamente dentro de su espacio, al ser ella vicepresidenta del Gobierno, seguirá coordinando las actuaciones en el interior del Gobierno como ocurría también cuando quien era el titular de los derechos electorales era Podemos, que quien llevaba la Vicepresidencia, en este caso la señora Díaz, coordinaba la relación con el Gobierno y por tanto no creo que haya ninguna variación respecto al anterior”, ahondó Montero.

Por otro lado, preguntada por la ley de amnistía que hoy se publicó en el Boletín oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entró en vigor, la vicepresidenta se mostró segura de que “los tribunales, no me cabe ninguna otra posibilidad, apliquen la ley en los estrictos términos en las que está redactada y por tanto hay no cabe interpretación, sino que hay que aplicarla en esos términos y no tengo duda que los tribunales así lo harán”.

Así las cosas, sobre posibles interpretaciones, afirmó que “la ley es muy clara” y que la tiene contemplados “todos los supuestos en los que actualmente nos encontramos y no hay más que leerla para saber cuál es lo que corresponde en materia judicial”. En el Gobierno no contemplan que ningún tribunal se niegue a la aplicación de esta norma.