Así se expresó Montero en la defensa de la convalidación de este gravamen en el Pleno de la Cámara Baja, donde el PNV y Junts confirmaron su voto en contra, que junto al del PP y Vox permitió tumbar de nuevo la medida.

“La realidad del arco parlamentario es compleja con intereses y planteamientos que cada uno entiende como legítimos y que el Gobierno respeta”, añadió Montero, quien admitió que “no hemos podido superar algunas visiones contrapuestas tras mucho diálogo”.

En todo caso, reivindicó que el impuesto es “una buena iniciativa que hace compatible el planteamiento de la modernización estructural con la obligación de una mayor justicia social”, al acompañar al sector energético en el proceso de inversión para combatir la emergencia climática.

Además, advirtió de que España sigue estando cuatro puntos por debajo de la presión fiscal que tienen otros países del entorno y “tenemos que aspirar a corregir esta brecha si queremos servicios públicos de calidad”. En este punto, recordó que el impuesto aportó 1.164 millones de euros en 2024.

Por ello, aseguró que “el Gobierno seguirá defendiendo la política fiscal pidiendo más esfuerzo a quien tenga mayor capacidad económica frente al discurso trasnochado que la derecha lleva practicando desde hace muchos años en justicia fiscal”.