Así lo afirmó este jueves en el Congreso en el debate sobre la suspensión de las reglas fiscales en 2023, que sigue la línea de lo aprobado en los tres últimos ejercicios.

La medida sigue la recomendación de la Comisión Europea de activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que libera a los Estados miembro de la obligación de cumplir con los objetivos de déficit y permite un mayor gasto público con el que hacer frente a las circunstancias derivadas de la guerra en Ucrania.

El artículo 135 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, permite la activación de esta cláusula de escape con la que suspender las reglas fiscales en situaciones de emergencia.

En concreto, ambos artículos establecen que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

Durante su intervención, Montero indicó que si en los últimos dos ejercicios se “priorizó” la lucha contra la covid, “cuando apenas estábamos saliendo de esas consecuencias” se presenta una guerra por la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin y que ha traído en los últimos días “noticias inquietantes por parte del dirigente soviético”. Para Montero, son situaciones “sobrevenidas” que “no dependen” de los Gobierno, pero es una “responsabilidad cómo se responde ante esos problemas”.

La ministra apuntó que el obstruccionismo “puede ser una estrategia electoral pero no es un proyecto del país” y apeló a los diputados del PP al indicar que “saben que esta propuesta es necesaria”. “Sería un buen signo de unanimidad que nos dirigiéramos a los ciudadanos con la idea de que tras cada una de las cifras hay una idea de que España puede ser más fuerte o puede estar más cohesionada”, apuntó.

La responsable de la política fiscal solicitó “la apreciación de circunstancias extraordinarias” que posibilitan superar los límites de déficit y deuda y recordó que el Consejo de Ministros estableció el pasado julio un límite de gasto financiero de 198.221 millones, un 1,1% más que en el ejercicio anterior, lo que se trata de una “cifra histórica”.

El objetivo de este gasto, subrayó Montero, es “consolidar crecimiento económico y la creación de empleo”, mantener “el esfuerzo de inversión muy intensificado con el Plan de Recuperación garantizando el desarrollo de políticas que son claves para nuestro país” y “proteger a la clase media y trabajadora, al sector productivo y a las clases vulnerables de una situación que se deriva del precio de la energía”.

Asimismo, remarcó que si se descuentan los más de 25.000 millones de euros que provienen de los fondos europeos, el gasto nacional asciende a 173.065 millones de euros, un 1,9% más que el año anterior. “Con los recursos procedentes del presupuesto ordinario se hace un mayor esfuerzo para acompañar a las familias y al sector productivo”, subrayó. También se contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones de euros, un 8,1% más que en el último ejercicio.

Montero aseveró que el presupuesto se va a presentar “en tiempo y forma” incorporando el gasto estructural “con independencia de las medidas necesarias que sean necesario prorrogar por motivo de la guerra de Ucrania” y apuntó que, cuando se vaya acercando la fecha de su finalización, se irá analizando “cuáles son necesarias prorrogar o si hay que aprobar nuevas medidas”.

Por otro lado, apuntó que el hecho de que las reglas fiscales se encuentren “en suspenso” no significa que el Gobierno “renuncie a la responsabilidad fiscal” y subrayó que durante “cuatro trimestres consecutivos” se ha rebajado la deuda pública y el déficit se redujo del 10,3% al 6,9% entre 2020 y 2021. El objetivo para 2022 es finalizar el ejercicio con un 5% de déficit.

Además, subrayó que la suspensión de las reglas fiscales sustituye los objetivos de estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas y ayuntamientos para que las administraciones “tengan un marco sobre el que elaborar sus cuentas públicas”. Así, detalló que la reducción del déficit va a “recaer” sobre la administración central, cuyo gasto se va a estrechar del 3,8% al 3,2%, mientras que en comunidades va a pasar del 0,1% al 0,3% y en los ayuntamientos estará en un superávit del 0,1%. Para la Seguridad Social, la tasa de referencia se situará en un 0,5%.