“Llueve sobre mojado”, indicó García, quien consideró que “cuando más refuerzo necesitamos del transporte público, Ayuso decide recortar en trenes. La escalada de precios no la pueden pagar los madrileños y madrileñas con su tiempo”.

Dijo que el Gobierno de Ayuso “debe sentarse para explorar fórmulas que no hagan recaer el peso de la crisis sobre la sociedad madrileña”.

Por su parte, la diputada de Más Madrid María Acín registró una batería de medidas, entre las que se incluyen la incorporación a la red de 80 trenes en Metro de Madrid; mantener la Tasa de Reposición para contratar a 323 personas -tal como quedó recogido en la firma del Convenio Colectivo de Metro de Madrid-; fortalecer la plantilla de Metro de Madrid mediante la contratación inmediata de 400 personas; y la reducción de los salarios anuales de los altos cargos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, que actualmente cobran por encima del salario anual del presidente del Gobierno de España.

Además, Más Madrid insta al Gobierno de España a establecer un fondo estatal extraordinario de 300 millones de euros, que contemple tanto las pérdidas acumuladas por la covid-19 como las ampliaciones e incrementos de coberturas para incentivar el uso del transporte público en momentos de escalada de los precios del combustible, y a incorporar en el Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, ayudas directas al transporte urbano y suburbano.

“No puede ser que bajen impuestos y los madrileños siempre o siempre paguemos. la Comunidad de Madrid debe ir más allá y tomar la iniciativa en la promoción de distintos modos de transporte sostenible”, añadió Acín.

Recordó que Más Madrid ya propuso el pasado mes de marzo un plan de emergencia contra la crisis energética al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que se proponían medidas como una renta energética de 200 euros mensuales para quienes cobren menos de 18.000 euros anuales; una inversión de 50 millones de euros en paneles solares para las comunidades de vecinos; la progresividad en las tarifas de consumo de luz y gas y ayudas de 500 euros anuales a cada trabajador o trabajadora que vaya en bicicleta al trabajo, tal como se hace en Francia.