La aplicación de la pena de muerte en casos excepcionales es defendida por la Iglesia en su nuevo catecismo, siempre dentro del "fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte".

La encuesta sociológica detecta un incremento del número de españoles que se muestran favorables a esta medida penal, que está directamente relacionad con la edad y el conservadurismo de las personas consultadas e inversamente con la posición social.

Una cifra menor de españoles, cercana al 40 por ciento, se muestra favorable a esta medida sólo en casos de delitos de asesinato de un general o para los grandes traficantes de droga.

Los resultados del sondeo indican que la mayoría de los españoles consideran que la justicia otorga un trato "más bien blando" a los delincuentes.

OPOSICION DE ASOCIACIONES HUMANITARIAS

La Sección Española de nmistía Internacional realizó a finales del año pasado un llamamiento en favor de la total abolición de la pena de muerte en España, recogida en el Código Penal Militar.

La asociación humanitaria considera que el Estado español debería abolir totalmente este castigo si se atiene a la resolución del Parlamenteo Europeo sobre los Derechos Humanos, adoptada el 17 de enero de 1986, que pide la supresión de este castigo en los países miembros.

Según el último informe de AI, durante 1991 fueron dictada en 62 países 2.703 condenas de muerte, de las que 2.086 ya han sido ejecutadas.

La asociación asegura que en la actualidad 105 estados mantienen la pena de muerte capital para delitos comunes, 15 únicamente para delitos excepcionales (caso de España) y 21 se consideran abolicionistas de hecho, aunque no hayan abolido el castigo en sus textos legales.