Inmaculada Loroño, diputada de Acción Social, ha presentado a los representantes de más de 50 asociaciones deminusválidos los resultados del informe, que cifra en 31.224 las personas con algún tipo de minusvalía en el territorio. Sin embargo, el estudio estima que "la cifra real ronda las 62.000 personas".

Este desfase podría estar motivado "por el desconocimiento de los recursos existentes o sencillamente porque tienen sus necesidades cubiertas o se han acostumbrado a su situación", señaló Loroño.

Los objetivos del informe son cuatro: cuantificar la discapacidad entre las personas de edades comprendida entre 6 y 64 años; conocer su situación social, ocupacional y económica; analizar y valorar la carga que representa para los ciudadanos la atención que prestan a los discapacitados, y conocer en qué medida los minusválidos utilizan los servicios sociales, educativos y sanitarios, así como evaluar las necesidades en estos ámbitos para planificar adecuadamente los servicios.

Según los datos registrados, los hombres minusválidos son un 32 por ciento más que las mujeres discapacitadas y las deficiencias ísicas son las más frecuentes (51%), seguidas de las mentales (39%) y las sensoriales (18%).

La diputación pretende diseñar una política de actuación, en colaboración con los propios afectados, "que responda, de forma eficaz y solidaria, a todas las necesidades de los discapacitados de nuestro territorio".

Una vez detectadas las necesidades, Gizartekintza intenta llegar al colectivo que permanece en el anonimato y asegurarse de que todos los discapacitados, independientemente del marco familiar e el que convivan, pueden acceder a todos los servicios existentes.