Para la financiación de ese plan, que el departamento de Servicios Sociales de la Xunta pretende presentar públicamente en los próximos días, la Administración autonómia espera contar con aportaciones económicas de las corporaciones locales beneficiarias y de fundaciones como la de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Por otro lado, la Federación de Asociaciones en Favor de los Minusválidos Psíquicos de Galicia (Fademga) acaba de denunciar que las diputaciones gallegas están desentendiéndose de sus responsabilidades en materia de servicios sociales, a veces incluso sin respetar los plazos legales de preaviso para la denuncia de convenios.

El portavoz de Fdemga, Eladio Fernández, señaló que esa situación se produce justo cuando está a punto de aprobarse en el Parlamento gallego una nueva ley de servicios sociales que obliga a diputaciones y ayuntamientos a presupuestar fondos para atender a los colectivos menos favorecidos dentro de sus territorios.