Esta propuesta forma pate de una nueva regulación global del mercado laboral cuya negociación ofreció Martínez Noval a la patronal y los sindicatos durante unas jornadas organizadas en Madrid por la revista británica "The Economist".

Las líneas básicas de la reforma defendida por Martínez Noval son la derogación del contrato temporal de fomento del empleo, la regulación de las agencias temporales de empleo, la potenciación del contrato a tiempo parcial, una mayor movilidad geográfica y funcional y el no abaratamiento del depido colectivo.

En relación con este último punto, el ministro no quiso pronunciarse sobre si es conveniente o no suprimir el permiso administrativo para la aprobación de los expedientes de regulación de empleo, pero proporcionó datos para probar que es falso que esa medida supondría un abaratamiento del despido colectivo.

Concretamente, adujo que, de los 283 expedientes de regulación aprobados por la Dirección Provincial de Trabajo de Madrid en los nueve primeros meses de 1992, en 250 la indemniación fijada fue la mínima fijada por la ley.

También puso en duda que la supresión del permiso administrativo beneficie a las empresas, ya que los expedientes en que no hubiese acuerdo acabarían en los Juzgados de lo Social, que podrían dictar sentencias de "despido colectivo improcedente", una figura que actualmente no existe en la realidad laboral española, precisamente por haber un filtro administrativo previo.

No obstante, el ministro, al ser preguntado por los periodistas sobre cuál es su psición personal sobre la supresión o no del permiso administrativo, eludió un pronunciamiento. A su juicio, este punto debe formar parte de la negociación global sobre la reforma del mercado de trabajo.

Sí insistió en que se le atribuyen "excesivas maldades" a la autorización administrativa y expresó la opinión de que un expediente de regulación que afecte a miles de personas no son sólo un problema económico sino también "político".

EFECTOS CONTRAPRODUCENTES

Por otra parte, Martínez Noval señaó que el modelo legal de mercado laboral surgido de la reforma de 1984, que "flexibilizó" el Estatuto de los Trabajadores, no es ya el adecuado para las empresas españolas.

En su opinión, la excesiva contratación temporal ha acabado por generar efectos contraproducentes, al reducir la identificación del trabajador con la empresa, disminuir la productividad y mermar las inversiones en formación de personal, ya que no merece la pena realizarlas en empleados que van a estar poco tiempo en un puesto.

Por esa razón, consideró necesario suprimir el contrato temporal de fomento del empleo, una modalidad por la que se suscribieron 1.142.774 contratos durante 1991 y que actualmente tiene una duración de un año como mínimo y tres como máximo.

Sin embargo, recalcó que hace falta mantener otros contratos temporales porque hay sectores que los necesitan, entre los que citó la agricultura estacional, el turismo, la construcción y el comercio.

"En todos estos casos, en que no hay actividad económica linal a lo largo del año, está más que justificada la presencia de contratos de duración determinada y eventuales", apostilló.

El ministro recalcó que, para sacar adelante una reforma como la que él propone, es necesario "agotar todas las posibilidades" de consenso con los interlocutores sociales, ya que supone modificar en cuestiones fundamentales el título primero del Estatuto de los Trabajadores.

A su juicio, eso no puede hacerse "a corto plazo", una opinión que contrasta con la expresada por el inistro de Economía, Carlos Solchaga, al afirmar que quiere ultimar en esta legislatura todas las reformas previstas en el Plan de Convergencia.