A través de este acuerdo, el ministerio se comprometía a impulsar políticas de integración social en todos los ámbitos, en especial con las aproximadamente 3.000 asociaciones de discapacitados que aglutina el CERMI, que representa a unos tres millones y medio de personas.

Según una nota hecha pública por el Ministerio de Justicia tras la reunión, este departamento ha desarrollado desde entonces una política dirigida a la integración real y efectiva de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración, garantizando los derechos reconocidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, "cuyo carácter vinculante y normativo se quiere reforzar en esta Legislatura".

Justicia agrega en el comunicado que ha impulsado el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer efectiva la reserva de un cupo no inferior al 5% de las vacantes en las carreras judicial y fiscal para ser cubiertas entre personas con algún tipo de discapacidad.

Esta medida se hará extensible a las oposiciones para el acceso a los cuerpos de notarios y registradores, mediante un real decreto de próxima publicación en el que se regula el acceso de las personas con discapacidad a las oposiciones al título de notario y al cuerpo de aspirantes a registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

En esta norma reglamentaria se establecerá además que la Dirección General de los Registros y el Notariado podrá convocar plazas reservadas a personas con discapacidad con carácter independiente respecto de las convocatorias ordinarias.

ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS

Por otro lado, se ha acordado crear un grupo de estudio encargado de analizar medidas que puedan mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios y dependencias en los que se localicen órganos jurisdiccionales.

También se estudiará la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en la relación de las personas con discapacidad con la Administración de Justicia, junto a un Manual para la Mejora de la Accesibilidad de este colectivo a los edificios, dependencias, servicios y entornos judiciales.

Otro de los compromisos era la reforma de la legislación del Registro Civil para centralizar las sentencias de incapacitación, así como la creación de un registro de patrimonios especialmente protegidos para personas con discapacidad. Ambas medidas se encuentran actualmente en período de elaboración.

Durante este año de vigencia del convenio, indica el comunicado, la Subsecretaría de Justicia ha iniciado el análisis de la situación de los edificios y locales con problemas de accesibilidad, con el fin de identificar los problemas y disponer de un estudio a lo largo de 2006 para la eliminación de barreras.

Además, Justicia asegura que se han ejecutado actuaciones de mejora de la accesibilidad en una veintena de edificios judiciales de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia indica que ha impulsado que la futura Ley de Contratos del Sector Público establezca que los pliegos de prescripciones técnicas se definan teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, previéndose que se puedan establecer condiciones especiales de ejecución de tipo social, no discriminación laboral y medioambiental.

IGUALDAD

Al margen del citado convenio, el departamento de Justicia destaca otras medidas adoptadas "para remover cuantas barreras de discriminación o desigualdad impiden el real y efectivo ejercicio de sus derechos por todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país".

Cita como ejemplo el anteproyecto de Ley de Lengua de Signos y de Medios de Apoyo a la Comunicación Oral, que garantiza que las personas con discapacidad auditiva puedan solicitar intérpretes de lengua de signos u otros medios necesarios para comunicarse.

También ha modificado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para garantizar la asistencia letrada y asistencia jurídica gratuita no solamente a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, sino también a aquellas personas que en el seno de unidades familiares ejercen los derechos por representación de quienes padecen algún tipo de discapacidad.

Así, se ha revisado el artículo 5 y la disposición adicional segunda de la ley, para incluir en su ámbito de aplicación a las personas con discapacidad y a quienes las tengan a su cargo, así como a las asociaciones que tengan como finalidad la protección de personas con discapacidad.

También se recuerda en el comunicado el reciente compromiso del presidente del Gobierno de modificar la Carta Magna para sustituir la expresión "disminuidos físicos" recogida en su artículo 49 por la de "discapacitados".