Según informa la prensa británica, esta decisión ha sido motivada por el reciente caso de un paciente con esquizofrenia que se encontraba ingresado en un centro hospitalario por su propia voluntad y, tras solicitar el alta, cometió un asesinato.

Cuando los pacientes deciden ingresar voluntariamente, los facultativos tienen escasa potestad para retenerlos en los centros si deciden pedir el alta, por lo que la revisión del ministerio se centrará en subsanar este aspecto. El caso también ha planteado dudas con respecto a la eficacia del sistema de tratamiento ambulatorio de ciertas enfermedades mentales.

El ministro de Sanidad británico, John Reid, también ha ordenado una investigación de los servicios psiquiátricos para determinar los posibles fallos en la detección de síntomas alarmantes entre estos pacientes.

El borrador del citado proyecto de ley ya había suscitado anteriormente problemas al Ejecutivo británico, que pretendía mediante la aprobación de este texto que los pacientes psiquiátricos potencialmente peligrosos pudieran ser retenidos en centros hospitalarios. El sector médico y las organizaciones de enfermos mentales se opusieron a esta medida y el Parlamento tuvo que enmendar el proyecto.

La dificultad radica ahora en conseguir que en la futura Ley de Salud Mental exista un equilibrio entre la protección al paciente y la protección a la sociedad.