Según informó la Riapd en una nota de prensa, asociaciones y fundaciones de diversas partes del mundo unieron sus fuerzas para exigir el fin de esta problemática a los gobiernos de sus respectivos países, así como el esclarecimiento de los expedientes que continúan sin resolver. Es el caso de la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, en México, y la Fundación Desaparecidos Colombia Huellas de Cristal, ambas integrantes de la Riapd.

Según esta organización, históricamente y hasta el día 28 de agosto 2023, en México existen 292.794 víctimas de desapariciones forzadas, de las cuales 168.467 han sido encontradas con vida y 13.265 fallecidas, quedando sin resolver un total de 111.062 expedientes, de acuerdo a información del Registro Nacional.

Un integrante de la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, Javier Espinosa, expuso que “ la desaparición de personas habitualmente es provocada por la delincuencia organizada”. Una situación a la que se suma la “crisis forense” que el país mexicano atraviesa desde hace décadas, puesto que actualmente existen más de 60.000 restos humanos sin identificar en los depósitos de cadáveres gubernamentales.

Según esta organización, la desaparición forzada es un delito de derecho internacional que provoca la total indefensión de las víctimas al impedir que estas puedan acceder a recursos judiciales, a la vez que ocasiona el desgaste psicológico de sus familias y promueve la inseguridad y el miedo de la ciudadanía. Común a todas las regiones del mundo y a diversos contextos, las personas que más las sufren son generalmente varones, los cuales pueden ser detenidos por agentes estatales o por individuos que cuentan con el consentimiento del Estado.

Según informó la Riapd, además de quedar privadas de su libertad, las víctimas de desapariciones forzadas pueden sufrir tortura y otras violaciones de derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a una identidad, a un juicio imparcial y las debidas garantías judiciales, a un recurso efectivo, con reparación e indemnización, y a la vida, puesto que en muchas ocasiones el propósito principal de estos delitos es el asesinato.

El presidente de la asociación Sosdesaparecidos, entidad que el pasado mes de julio fue elegida por unanimidad como coordinadora de la Riapd, Joaquín Amills, sostuvo que, “un año más esta efeméride nos recuerda que todos los días del año debemos seguir luchando en nombre de la libertad y justicia para evitar que esta lacra siga existiendo y continúe expandiéndose a nivel mundial”.