La pregunta "¿Concedió Argentaria, siendo entidad financiera pública presidida por Francisco González, algún crédito a las empresas participadas por usted o su familia?" fue rechazada por a Presidencia de la Cámara el pasado viernes al entender que no se correspondía con la gestión política del Gobierno.

Los socialistas presentaron un recurso por considerar que la decisión es "arbitraria", contraria a los artículos 23.2 y 111.1 de la Constitución, carece de fundamento en el Reglamento del Congreso y contraviene sus precedentes.

La vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Margarita Mariscal de Gante, explicó en un encuentro con periodistas que la pregunta no tiene "vinculacin con competencias del gobierno o gestión pública" alguna, máxime si se tiene en cuenta que Argentaria tenía una participación pública minoritaria.

El escrito en el que el PSOE solicitaba la reconsideración mencionaba varios casos como precedentes de éste. El primero se refería a una pregunta planteada en el IV Legislatura sobre créditos concedidos por Caja Postal, que entonces era de titularidad pública.

Otros tres ejemplos citados por los socialistas, se dieron en la V Legislatura en una preguna al presidente del Gobierno sobre la relación entre Francisco Palomino y la empresa Control y Aplicaciones, que contrataba con la Administración del Estado y llevó a cabo las obras en el Complejo de La Moncloa.

La Presidencia del Congreso entiende que en todos los casos planteados por los socialistas las preguntas se refieren a empresas públicas o a entidades que contrataban con la Administración y, en todo caso, estima que la tarea de control de la oposición debe referirse a la acción política del Gbierno, condiciones que esta pregunta no reúne bajo su punto de vista.

Mariscal de Gante insistió en recordar que la Mesa dio al Grupo Socialista la oportunidad de reformunlar la pregunta, incluso en términos "más incisivos" de lo que plantea la redacción rechazada, pero el PSOE explica que ir más lejos podría considerarse imputación de un delito a Rato y, por tanto, podría ser motivo de acciones judiciales en su contra.

INTERES POR CONOCER

En opinión del PSOE, dentro de la actividad de control"entra, como es obvio, que los parlamentarios de la oposición tengan interés en conocer si al vicepresidente segundo y ministro de Economía, siendo miembro del Gobierno, se le concedió un crédito, para empresas participadas por él o su familia, por la entidad financiera Argentaria, cuando ésta era pública, por tanto en el ámbito de sus competencias como ministro, y ya presidida por Francisco González".

Los socialistas argumentaron que esta pregunta no incurre en ninguno de los supuestos de inadmisibildad y que goza, por tanto, de todos los requisitos necesarios para su admisión a trámite, tanto desde el punto de vista formal como material.

"El vicepresidente segundo tiene obligación de explicar a esta Cámara la realidad del referido crédito y si ha tenido algún tipo de participación o influencia en su concesión por Argentaria", afirmaba el escrito.

En consecuencia, denunciaron que el rechazo de la pregunta "viola los derechos fundamentales de los diputados, infringiendo una inconstitucional dscriminación por razones ideológicas de los cargos públicos representativos que integran el Grupo Parlamentario Socialista".

Como ejemplo de ello, los socialistas recordaban cuatro preguntas formuladas en la cuarta y quinta legislatura por diputados del PP a miembros del Gobierno, que fueron admitidas a trámite.

La primera de esas preguntas versaba sobre el conocimiento por el ministro de Economía y Hacienda de la concesión de un crédito de 6.200 millones de pesetas sin garantía financiera por laCaja Postal a la empresa Uribitarte S.A.

Otras preguntas eran el conocimiento del presidente del Gobierno de la relación existente entre Francisco Germán Palomino Romera y la empresa Control y Aplicaciones S.A, su posición respecto a las operaciones mercantiles e inmobiliarias en las que participó Palomino con las distintas administraciones o empresas públicas dependientes del Estado, y la relaciones de aquella misma empresa con la Administración del Estado.