Aniel asegura que en España hay unos 3 millones de teléfonos ilegles, importados y comercializados sin la obligatoria certificación y homologación exigida por la ley.

Para Aniel, insuficiente la labor inspectora desarrollada por la Dirección General de Telecomunicaciones, que abrió este año 407 expedientes e impusó 61 millones de pesetas en multas.

Según la patronal, este mercado "pirat" afecta gravemente al empleo del sector de telecomunicaciones "y corre paralelo al fraude que se comete contra consumidores y usuarios".