Estas personas no han aceptado la indemnización ofrecida por las empresas de pollos precocinados de 47 euros por día de baja como consecuencia de la intoxicación, y han optado por dirigirse a los tribunales.

Cerca de 3.000 consumidores se vieron afectados por la crisis de los pollos contaminados, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, repartidas por todas las comunidades autónomas, excepto Canarias y Melilla.