La isla de Gran Canaria será la más beneficiada, con 25.543 millones, seguida de Tenerife (23.993 millones) y La Palma (11.669). La mejora de la calidad de las aguas centrrá una parte importante de las inversiones, según informó el Gobierno.

Al Gobierno central le corresponderá licitar, contratar y abonar las obras, así como la supervisión e inspección de las mismas. El Ejecutivo canario se encargará de aportar los terrenos necesarios y elaborar los proyectos de actuación.