Castellón convocó a los representantes de los consumidores en la sede del ministerio para informarles de los contenido "técnicos" de la exclusión de más de 800 fármacos de la financiación pública, señaló hoy a Servimedia Rafael Urrialde, portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE).

Urrialde intervino en primer lugar para pedir la lista oficial de productos excluidos, ya que una semana después de aparecer publicada en los medios de comunicación el Ministerio de Sanidad todavía no se la había entregado a las asociaciones de consumidores.

El subsecretario de Sanidad, que estuvo acompañado del director geneal de Farmacia, Federico Plaza, comunicó al Consejo de Consumidores y Usuarios que estaban estudiando eliminar estos tres grupos de medicamentos porque no tienen alternativas financiadas y han surgido voces contrarias, incluso entre los técnicos.

Castellón defendió la baja utilidad terapéutica de los productos que se quieren retirar de la financiación pública, y que Sanidad pretende retirar del mercado de forma paulatina. La UCE y otras organizaciones, como la OCU, son partidarias de retirarlos inmeditamente si realmente no son necesarios.

Los consumidores sostienen que muchos fármacos de la lista del 'medicamentazo' tienen más capacidad terapéutica de la que Sanidad afirma y lo tratan de demostrar con el artículo 10 del acuerdo del ministerio con Farmaindustria, que prevé que los fármacos excluídos de la financiación pública puedan seguir siendo recetados por los facultativos pagando el paciente el cien por cien del precio (recetas blancas).

LIBERALIZACION DEL PRECIO

"Está claro que hay uncompromiso tácito con la industria farmacéutica para liberalizar el precio de los medicamentos que se excluyan de la financiación -por lo tanto, van a subir- y, en segundo lugar, que se van a prescribir, por lo tanto no tienen baja capacidad terapéutica", argumentó Urrialde.

La UCE considera que para que el 'medicamentazo' tenga éxito ha de haber consenso entre todas las partes, porque de lo contrario "los frutos van a ser nulos. Igual que pasó en el 93, que no estaba consensuado con los médicos y al inal prescribieron otras alternativas más caras", señaló Urrialde.