Para CCOO el decreto tiene un "enfoque de ahorro puro y duro" puede afectar negativamente a la confianza del usuario en los profesionales, en la industria farmacéutica y en la propia Administración Pública, ya que éste no entenderá que la utilidad terapéutica sea baja, nula o alta dependiendo de quién financie un medicamento".

El sindicato pide en un comunicado una revisión periódica de los medicamentos incluidos en el 'vademecum' español, "siempre on criterio científicos y no de ahorrro.Por ello, insta a la Administración a elaborar un plan integral del uso racional de los medicamentos, con medidas concretas de racionalización y que vayan dirigidas tanto a la oferta como a la demanda de estos productos.

A juicio de UGT, tras el decreto se esconden los intereses de la industria farmacéutica y otros intereses políticos, y "no se corresponde con los criterios marcados por la Ley General de Sanidad y la Ley del Medicamento".

En un comunicao, el sindicato socialista afirma que el decreto que amplía la 'lista negativa' de medicamentos merma la calidad de vida de los pacientes "porque tienen que costearse ahora los medicamentos que venían utilizando y no tiene en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos".