Esta asociación también criticó las importantes carencias de la medida, tanto por las limitaciones en los destinatarios como por los "elevados" tipos de interés con los que habrá que devolver las cantidades aplazadas.

Según sus datos, sólo unas pocas entidades de crédito se han adherido a la medida más de 40 días después de su publicación en el BOE.

La moratoria fue anunciada a comienzos de noviembre por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que señaló que "puede afectar a más de 500.000 trabajadores".

"Lo que no aclaró el presidente es que si las entidades financieras se niegan, sus clientes no podrán acogerse a la medida. Y es que para que una persona en paro pueda solicitar la moratoria hipotecaria, es imprescindible que su entidad financiera haya suscrito un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO)", explicó Facua.

El listado de entidades de crédito adheridas a la Línea ICO-Moratoria-Hipotecaria se reduce, con fecha 12 de enero, a 17: BBVA, Caja de Ahorros de La Rioja, Caixa Manlleu, Banca March, Banco Cooperativo Español, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Ciudad Real, Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, Caja Rural de Aragón, Cajasiete, Caja Rural de Teruel, Banca Pueyo, SA Nostra, Caja de Ahorros y MP de las Baleares, Cajamar, Banco de Valencia, Caja General de Ahorros de Canarias e Ipar Kutxa Rural.

Por otro lado, Facua lamentó que el Gobierno haya excluido de la medida a algunos perfiles de usuarios que, sin estar parados, "sí se encuentran en situaciones económicas especialmente problemáticas, como aquéllos que han sufrido recortes en sus ingresos con posterioridad a la firma de sus hipotecas (disminución de jornada, salario hora o un nuevo empleo con peores condiciones)".