Las medidas incumplidas por el Ministerio de Justicia implican una nueva reforma del Código Penal, tiene que ver con suprimir como atenuante la confesión del maltratador, con el arrepentimiento del agresor y la reparación del daño, por ejemplo. Mientras que la medida 190, la que aún no ha impulsado Sanidad es para que desde el Consejo Interterritorial se impulse la detección precoz de la violencia de género desde las consultas médicas.

El pacto incluye 10 ejes y los incumplimientos se circunscriben a la mejora de la respuesta institucional, referido a la coordinación trabajo correspondiente al eje dos y al tres, el que versa sobre el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección de las víctimas.

Fuentes de Igualdad destacaron que "los avances han sido especialmente importantes entre 2020 y 2022. La actual legislatura ha sido prolífica en el avance de cumplimiento del Pacto de Estado. Hay 115 medidas más cumplidas que las que se habían alcanzado en la evaluación de 2019 realizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y hay 42 medidas pendientes menos".

La evaluación realizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género refleja el aumento de sus dotaciones presupuestarias . Así, en el período 2008-2012 ha destinado 248 millones de euros. En 2022 se ha incrementado un 128% su presupuesto con respecto a 2017, ejercicio previo a la entrada en vigor del Pacto de Estado.

"Tanto en el porcentaje cuantitativo como en el grado de cumplimiento de las medidas demuestran que el Gobierno de España ha avanzado de manera firme en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y así lo muestra la Evaluación del período 2018-2022. Ello ha sido posible por la determinación demostrada por la Administración General del Estado que ha cumplido con creces los compromisos económicos establecidos", remarcaron las citadas fuentes.

La ministra de Igualdad, Irene Montero entrega hoy a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el citado informe. Fuentes de Igualdad también concretaron que la apertura de los centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencia machista, uno en cada comunidad, que tenían que estar abiertos en diciembre de este año, se pospone hasta diciembre del año que viene porque son muchas las comunidades que no lo pueden tener a tiempo y la UE ha dado el visto bueno para este retraso.