El Consejo celebró esta tarde un pleno extraordinario a petición de ocho vocales de la mayoría conservadora para impulsar una declaración institucional contra la futura ley de amnistía a los promotores del ‘procés’, cuya redacción es todavía desconocida. El vocal Álvaro Cuesta, que amenazó con no asistir, no acudió.

En el arranque de la reunión, convocada para las 19.00 horas, asistían 15 vocales de los que 14 lo hicieron de forma presencial, mientras que la vocal Pilar Sepúlveda pretendía seguir la reunión de manera telemática.

El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, encuadrado en el grupo de vocales conservadores, no apoyó la iniciativa porque pese a no estar de acuerdo con lo que podría ser una futura ley de amnistía, considera que hay que esperar a que la norma sea tramitada en el Parlamento.

El Consejo expresa en su declaración institucional su "intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.

En la declaración institucional se recoge que la concesión de una amnistía en el actual sistema constitucional constituye "una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La declaración institucional aprobada por el CGPJ señala su “preocupación” por las “declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios” sobre una eventual ley que afectara a los delitos relacionados con el ‘procés’ pero también a otros de “corrupción” o a los que se cometieron “con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado”.

El Consejo indica que ante el anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre el pacto de esa ley en “interés de España” y para impedir un Gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral, afirma tanto su “legitimidad” para pronunciarse como la “oportunidad” de hacerlo antes de que se conozca el contenido de la ley.

TRASCENDENTAL

El texto aprobado señala que ante “una iniciativa tan trascendental, razones de prudencia y lealtad institucional justificaban su tramitación como proyecto de ley y no como proposición para dar oportunidad a que los órganos consultivos del Estado emitiesen su opinión técnica. No va a ser así. Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide”.

Sólo en el caso de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno es preceptivo el informe del CGPJ sobre el texto, que no se recaba cuando la iniciativa legislativa parte de los grupos parlamentarios en forma de proposición de ley, como sería este caso.

La declaración asegura que se emite este informe precisamente por la “imposibilidad de formularlo” en la tramitación de la ley. Entiende que “no es necesario” conocer la redacción de la norma porque “lo sustancial ha sido anunciado ya por los diferentes responsables políticos que están negociando”.

Y añade que, en cualquier caso, la aprobación de una ley de amnistía, “cualquiera que fuese su fundamentación, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos, entra en conflicto con principios constitucionales diversos”.

Insiste la declaración en que “la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho”.

Critica duramente que sea una “ley singular” que, “según palabras del presidente del Gobierno en funciones, tendría por finalidad solucionar el conflicto de Cataluña con España y desjudicializar el referido 'conflicto político' en Cataluña”.

Sostienen los vocales conservadores que una ley de amnistía “no es compatible con el principio de Estado de derecho” ni con el “artículo 1 de nuestra Constitución” y menos aún cuando el objetivo es un “beneficio personal” para el presidente del Gobierno en funciones que aspira a revalidar el cargo en virtud de una cuerdo con los partidos independentistas.

“Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España”.

Además, añade el texto, “supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que (…) supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución”.

En tercer lugar, la declaración menciona que una ley de amnistía “violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico” y adelanta que “la enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera”.

Por último, el texto aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial señala que lo que se violenta “no sólo es la Constitución” sino también “los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial”. Y advierte que el riesgo de que la Unión Europea decida “no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios” debiera estar “muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el interés de España”.

LOS VOTOS

El texto fue aprobado con los votos a favor de los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Ángeles Carmona y Wenceslao Olea.

Los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas votaronen contra y el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, lo hizo en blanco.

Las vocales Bach, Cabrejas, Martínez de Careaga y Sepúlveda justificaron su voto señalando que “con la proposición de declaración institucional se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos”.

Estas vocales añaden que “la declaración institucional propuesta, con el argumento de proteger la independencia de los tribunales, daña su imagen, ya que su independencia está suficientemente garantizada, y tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política al que nunca debe bajar por respeto y obligada protección de la imagen de independencia e imparcialidad de aquéllos a quienes gobernamos”.

Por su parte, el vocal Enrique Lucas argumentó su voto manifestando que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo.

Por último, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el vocal Vicente Guilarte, anunció un voto explicativo de su decisión en el que señalará que no se puede sustraer a la preocupación derivada de los hechos que se describen en la declaración aprobada y que entiende como indeclinable labor institucional del CGPJ defender la actividad jurisdiccional llevada a cabo por los órganos judiciales, que no puede verse cuestionada por una hipotética normativa futura, y que de igual manera deberá defenderse la actividad jurisdiccional futura que eventualmente se vincule con estos hechos, sea cual sea.