En una rueda de prensa, Garre señaló que la demanda “muy alta” que está teniendo el nuevo seguro, de diez euros al año adicionales a la póliza de hogar, se está dando más para primeras residencias y se corresponde con una “preocupación real” en la población.

Garre presentó una encuesta realizada por la aseguradora sobre las preocupaciones de los ciudadanos en cuanto a la okupación de viviendas que refleja que el 77% de los encuestados lo considera un problema social y un 24% ve posible que le ocupen ilegalmente su vivienda.

Por franjas de edad, los jóvenes de 18 a 29 años son los menos preocupados, pues un 21% considera que se exagera esta problemática “por motivos ideológicos”, mientras que los más preocupados son los que tienen entre 30 y 44 años, con un 80% que así lo manifiesta. Por género, están más preocupadas las mujeres que los hombres.

Los principales motivos señalados por los que se considera un fenómeno en auge son la lentitud de la justicia en un 28% de los casos, la permisividad social en un 25% y la falta de vivienda en un 23%. Sobre si la okupación está justificada, un 22% lo argumenta si se trata de viviendas de entidades jurídicas y un 20% si se okupan casas abandonadas sin terminar.

Por comunidades autónomas, las más preocupadas son Cataluña, Andalucía y Cantabria, y las menos son Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana.

Respecto al conocimiento de la legislación, el 50% tiene nociones generales y solo un 22% afirma conocerla.

Preguntados por sus propuestas, el 60% de los encuestados plantea endurecer las penas y agilizar los desalojos, dado que un 73% apunta que las penas son muy laxas; un 45% propone hacer más vivienda social, y un 31% quiere más acción policial sobre las mafias. Además, un 53% de los encuestados es partidario de desalojar por parte de la policía sin una orden judicial.

Respecto a las coberturas de un seguro para este fenómeno, el 35% valora que cubra el pago de la hipoteca o las rentas no percibidas y el 30% que se haga cargo de los gastos del proceso. En suma, un 76% contrataría este tipo de seguro.

Preguntada sobre si se ha generado cierto pánico respecto a este fenómeno, Garre comentó que cada año se suelen ocupar ilegalmente unas 16.000 viviendas y que al igual que se contrata un seguro contra incendios pese a las “posibilidades pequeñas” de que se produzca, “hay prácticamente casi los mismos casos de okupación que incendios en viviendas y a todos nos parece muy razonable tener un seguro que nos cubra ante esa hipotética situación”. “Si tienes un bien en el que has invertido una cantidad importante de ahorros tienes que protegerlo”, agregó.

El seguro de Línea Directa cubre hasta 33.900 euros y ofrece cobertura legal y compensación económica tanto para vivienda habitual, segundas residencias e inmuebles vacíos que hayan sido ocupados ilegalmente. No cubre los casos en los que el inquilino deja de pagar la renta.

En concreto, Línea Directa se hace cargo de la habilitación de la vivienda pudiendo elegir el cliente la prestación del servicio por parte de los profesionales de la aseguradora sin límite económico o una indemnización de hasta 5.000 euros. También abona facturas de agua, electricidad y gas, así como una compensación en concepto de pérdidas de rentas por no poder alquilar la vivienda y por daños a terceros causados por los ocupas. La cobertura legal es de hasta 10.000 euros.