El coste de la seguridad de estos amenazados, según explicó el Ejecutivo autonómico tras la reunión de hoy de su Consejo de Gobierno, es sufragada a medias por las autoridades autonómicas y por el Ministerio del Interior.

El Gabinete de Ibarretxe explicó que las medidas de seguridad personal para los amenazados supusieron durante el pasado año un desembolso de 75.844.430 euros procedentes de las arcas autonómicas, inversión que superó las previsiones iniciales, cifradas en 60 millones de euros, por lo cual ha sido necesaria la autorización de un gasto extraordinario.

En este sentido, el Gobierno vasco argumentó que esta inversión es necesaria "ante la persistencia del fenómeno de la violencia y de las condiciones de amenaza para la integridad física de un importante colectivo de personas" en la comunidad vasca.

La contratación de servicios de seguridad privada por parte de la Administración autonómica para complementar la seguridad global que presta la Ertzaintza, sin detraer recursos de otras áreas, se inició en el año 2000.

Esto se produjo, según el Ejecutivo regional, "a raíz de la extensión de la violencia de ETA y de sus amenazas a diversos colectivos sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre los que figuran los concejales del Partido Popular, los del Partido Socialista o los miembros de la Judicatura".

Desde 2000 y hasta el pasado año, el coste del servicio de seguridad ha ido incrementándose progresivamente para las finanzas vascas a medida que ETA extendía su amenaza a nuevos colectivos, pasando de los dos millones de euros del primer año a 26 millones durante el 2001, más de 52 millones en el 2002, 63 millones en el 2003 y 75 durante el pasado año.

A estos costes deben sumarse otras partidas similares a cargo de la Administración central, responsable, según un acuerdo con el Departamento de Interior, de financiar y organizar los servicios de seguridad de la mitad de las personas amenazadas.