Así lo desvela el ‘Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles antes y durante la covid-19’, presentado este jueves por la Universidad de Barcelona y Fundación Daniel y Nina Carasso a partir de los resultados de 1.350 entrevistas realizadas entre julio de 2020 y julio de 2021 y según el cual la inseguridad alimentaria grave se traduce en saltarse comidas (4,3%); comer menor cantidad (6%); quedarse sin alimentos (4,2%); experimentar hambre (2,9%); y, por último, no comer durante un día entero (1,4%).

La investigación, cuya autora principal es la doctora Ana Moragues-Faus, recuerda que, según la Escala de Experiencia de la Inseguridad Alimentaria (FIES por sus siglas en inglés), la inseguridad alimentaria grave se da cuando no se consumen alimentos durante un día o más, es decir, cuando una persona se quedó sin alimentos y estuvo todo un día sin comer, varias veces al año.

En términos generales, los indicadores de inseguridad alimentaria se presentan en los hogares con un nivel socioeconómico más bajo o aquellos con más dificultades para llegar a fin de mes y el hecho de que en el hogar haya alguna persona con exceso de peso, enfermedad crónica y alguna discapacidad es “un factor que influye en los niveles de inseguridad alimentaria”.

El estudio también revela que un 13,3% de los hogares españoles experimentan inseguridad alimentaria, afectando a casi 2,5 millones de hogares y, por tanto, a alrededor de 6.235.900 personas, mientras que antes de la pandemia el porcentaje era del 11,9%, por lo que se ha registrado un incremento de 656.418 personas.

Los datos muestran que la mayoría de hogares que sufren inseguridad alimentaria no son capaces de acceder a alimentos variados (9%), lo que afecta a la calidad de su dieta y, en este sentido, el 6,9% de los hogares encuestados no pueden comer alimentos sanos y nutritivos.

El estudio “evidencia”, según sus impulsores, que en España “no se garantiza el derecho a la alimentación sana y sostenible y tampoco la posibilidad de alcanzar el Objetivo del Desarrollo Sostenible 2 (ODS2) que persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

“Por tanto, es urgente reconocer y garantizar el derecho a la alimentación sostenible en España, desde un enfoque empoderador, cumpliendo con los compromisos ya adquiridos y con los tratados ratificados internacionalmente”, advirtieron los impulsores del estudio, que reclamaron “cambios estructurales económicos, políticos y ecológicos” ante este “reto colectivo”, así como incluir la medición de los niveles de inseguridad alimentaria en estadísticas de alcance nacional que permitan “monitorear el estado del derecho a la alimentación sostenible y cómo ésta se garantiza, promoviendo soluciones centradas en las personas”.

La investigación se enmarca en el proyecto de investigación ‘Alimentando un futuro sostenible’, con el fin de “visibilizar la importancia de la alimentación para construir sociedades sanas, prósperas y justas”.