Así se puso de manifiesto este lunes el coordinador nacional de la Asociación In Género, Miguel Ángel del Olmo, en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, en la observó que la normativa actual “está empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad, donde sus derechos son violados con mayor impunidad”.

A su juicio, “perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución” y destacó ese contexto “está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen”.

Del Olmo consideró necesario “trabajar con datos reales para poder plantear soluciones efectivas a estos problemas”, ya que “difícilmente se pueden plantear soluciones” sin contar con estadísticas fiables.

En ese sentido, avanzó que In Género está realizando desde 2022 un estudio que “ya nos está arrojando las primeras estimaciones de personas que ejercen la prostitución en España”, lo que sirvió para afirmar que entre 25.000 y 30.000 personas ejercen actualmente la prostitución en España en alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 pisos y 50 puntos prostitución de calle.

Miguel Ángel del Olmo deslizó que al término del estudio se contarán con “datos reales de quienes ejercen la prostitución en nuestro país, sirviendo dicha investigación para dar respuesta a dicho fenómeno y convirtiéndose en una herramienta indispensable” para quienes trabajan con las personas que se dedican a la prostitución.

A su vez, reclamó abordar “una revisión profunda del anteproyecto de ley integral contra la trata”, un documento que consideró “insuficiente para garantizar los derechos de todas las personas en situación de prostitución y prevenir la violencia y explotación sexual”.

Por último, planteó una serie de propuestas para “contribuir al desarrollo de una legislación efectiva y respetuosa con los derechos humanos” en los siguientes ámbitos: sensibilización y proyecto migratorio, restricción a la publicidad, acceso a la salud y servicios públicos, Inspección de Trabajo, formación del funcionariado, oficinas de atención a las víctimas, plazos de identificación y recursos, resarcimiento a las víctimas, juzgados de violencia sobre la mujer, menores y reagrupación familiar, menores y reagrupación familiar y autorizaciones de residencia.

“Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución”, concluyó Miguel Ángel del Olmo.