Martínez Noval participó en un debate sobre la regulación de la huelga junto con el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, y los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno, respectivamente.

El ministro adelantó que la ley de huelga no incluirá una lista cerrada de servicios considerados como esenciales para la comunidad, y que ese apartado quedará abierto a la jurisprudencia que vaya sentando el Triunal Constitucional.

A este respecto, Martínez Noval dio a entender que los servicios esenciales no serán únicamente los relacionados con la vida, la salud, la seguridad, como proponen los sindicatos.

Puso como ejemplo que una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada para resolver un caso de servicios mínimos en una empresa eléctrica, estableció que el suministro de electricidad debe considerarse como servicio esencial para la comunidad.

El ministro insistió en que el Gobierno se reserará la última palabra en la fijación de los servicios mínimos, en caso de desacuerdo entre las partes, aunque también anunció la potenciación de las instancias arbitrales para resolver los conflictos laborales.

Por su parte, Jiménez Aguilar dijo que la consideración de servicio esencial debe estar ligado también al momento en que se produzca el paro.

A su juicio, deben ser servicio esencial el transporte y las gasolineras, durante fechas próximas a las vacaciones, y la hostelería, en la que hay cnvocada una huelga para la Semana Santa, durante un año eminentemente turístico como el 92.

El dirigente patronal aseguró que la autorregulación de la huelga por los sindicatos sería inconstitucional y constituirá un absurdo semejante a que los empresarios elaborasen la Ley de Sociedades Anónimas o los cazadores el Reglamento de Caza.

Jiménez Aguilar también propuso que la ley de huelga permita que haya una declaración previa sobre la legalidad o ilegalidad de una convocatoria de huelga "para quelos empresarios y los trabajadores sepan a qué atenerse".

Finalmente, los dirigentes sindicales insistieron en que el problema fundamental de la regulación de la huelga radica en la fijación de los servicios mínimos.

Abogaron por su fijación pactada y por que, en caso de conflicto, decida una instancia arbitral nombrada de manera consensuada entre la Administración y los sindicatos.