El portavoz socialsta de Infraestructuras, José Segura, señaló, en una ueda de prensa en el Congreso de los Diputados, que el Ejecutivo ha permanecido "de brazos cruzados" ante las demandas de las ciudades autónomas, que han sufrido el "abandono gubernamental" desde que el PP llegó al Gobierno.

A su juicio, es necesario promover la "reactivación económica" de Ceuta y Melilla "con independencia de los últimos acontecimientos", y agregó que "no hay derecho a que durante seis años el Gobierno haya dado la espalda a los ciudadanos de Ceuta y Melilla".

Recalcó que durant la etapa socialista "no dio tiempo" a aprobar la ley económica para Ceuta y Melilla, por lo que cuando el PP llegó al Ejecutivo presentó hasta en cinco ocasiones una proposición de desarrollo de régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas que fue rechazada sucesivamente por el PP, que, para "lavarse la cara", presentó una proposición no de ley para pedir un proyecto que aún no ha sido elaborado.

APOYO AL GOBIERNO

Segura mostró su "satisfacción" por que ahora el Gobierno "haga suyos" estos lanteamientos al anunciar que impulsará un programa económico de desarrollo en estas ciudades autónomas. "Bienvenidos a las posiciones del Grupo Socialista", dijo.

El PSOE aseguró su "firme compromiso" de apoyar estas medidas, y anunció que se convertirá en "garante del cumplimiento gubernamental de esta promesa", al tiempo que reiteró su apuesta por "vertebrar este mecanismo de ayuda en forma de proyectos de ley".

Explicó que medidas como éstas no pueden tratarse como partidas presupuestarias "pntuales" que corren el riesgo de no mantenerse en los ejercicios económicos sucesivos, sino que "requiere un tratamiento normativo denso", mediante un proyecto de ley que lo haga "sólido y perdurable".

Para Segura, es necesario apoyar la generación de empleo, potenciar la vivienda social, mejorar la depuración de las aguas, crear infraestructuras viarias, aeroportuarias y portuarias, favorecer a la pequeña y mediana empresa y potenciar, en definitiva, la vida económica y comercial, que es la "gran asinatura pendiente del Estado español".